Para proveer ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, defender la gobernanza democrática y combatir la expansión de la corrupción pública en el país, es presentada como una hoja de ruta para los organismos del Gobierno estadounidense y sus funcionarios, así como organismos internacionales dando por sentado que finalmente se alcanzará un escenario propicio para aplicar las medidas propuestas, de las cuales algunas han sido rechazadas de modo contundente por el Gobierno venezolano.

El cómo se logra este escenario, está asociado a las estrategias de desestabilización que han sido aplicadas sistemáticamente, cada vez con mayor insistencia y virulencia, perspectiva en el que se incluyen planes del comando Sur como operación Freedom. Los aspectos que aborda el proyecto de ley son: el apoyo a la OEA en la aplicación de la carta Democrática, apoyo de organismos internacionales en el monitoreo de elecciones, apoyo a los países del caribe.

Como justificación de estas medidas se anuncia lo relativo a la corrupción y el narcotráfico planteando sanciones concretas para funcionarios venezolanos así como la relación de PDVSA con empresas rusas y la amenaza a la seguridad de EE.UU. se proporciona una serie de datos sobre la crisis alimentaria y de acceso a medicinas en Venezuela, aduciendo que hay altos índices de malnutrición en especial los que más sufren son los niños. Este tipo de solicitud llama la atención ya que solo va destinada a Venezuela.

América Latina hay países como Guatemala donde uno de cada dos niños entre cero y seis meses sufre de desnutrición o México que más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. El Gobierno venezolano es autoritario y que no representa los intereses o necesidades de los venezolanos entonces el objetivo del presidente Maduro acepte la ayuda para resolver la crisis humanitaria restituya los poderes de la Asamblea Nacional, permita llevar a cabo elecciones de acuerdo a lo establecido en la Constitución venezolana.

Esta sugerencia da cuenta de un ánimo intervencionista al poner en duda el propio conocimiento del Gobierno de Venezuela sobre lo establecido en la constitución, cuando este ya ha planteado una alternativa, pero el intervencionismo se exhibe con mayor claridad aún en lo referido al modo en que se implementará la asistencia humanitaria, fluirá por medio de la agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional USAID y ONGs, que además de proveer los alimentos y medicinas necesarias.

 

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