Chicago (IL), 22 nov.- Ciudades “santuario” celebran un nuevo triunfo en la corte para bloquear la decisión del Gobierno de limitarles fondos federales por no cooperar con Inmigración y prometen mantener sus valores y resistir el “acoso ilegal” del presidente Donald Trump contra los indocumentados.

Seth Stein, portavoz del alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, dijo a Efe que la decisión de este lunes del juez federal William Orrick, de San Francisco, de bloquear de forma permanente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de negar fondos a las llamadas “ciudades santuario”, reafirma que las ciudades estaban en lo cierto.

“(El juez) ha reafirmado lo que siempre supimos: el intento del Gobierno de Trump de cortar las subvenciones es anticonstitucional y coercitivo”, aseguró.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, declaró que las ciudades, condados y estados que rechazan colaborar con el Gobierno en su lucha contra la inmigración ilegal no se van a dejar “intimidar” ni “comprar” por el Gobierno para cambiar sus “valores”.

“El presidente Donald Trump puede tuitear lo que se le venga a la mente, pero no puede concederse la autoridad que se le antoje”, dijo por su parte el procurador de justicia de la ciudad de San Francisco (California), Dennis Herrera.

“Vivimos en democracia. Nadie está por encima de la ley, incluyendo el presidente”, agregó.

Ambos funcionarios celebraron como “una victoria del pueblo” y del “estado de derecho” que el juez diera la razón a las jurisdicciones que rechazan colaborar en los programas voluntarios de Inmigración.

El magistrado se pronunció ante demandas presentadas por el condado de Santa Clara y la ciudad de San Francisco, y dijo que Trump no puede imponer nuevas condiciones a fondos que fueron previamente aprobados por el Congreso.

En octubre, el juez federal Harry Leinenweber de Chicago negó una apelación presentada por el Gobierno para que levantara su bloqueo ordenado un mes antes a la orden ejecutiva, por considerar que Trump excedía su autoridad al imponer nuevos estándares para conceder fondos.

En enero pasado, el presidente proclamó esta orden ejecutiva durante su primera semana en el poder, en una clara declaración de intenciones de las nuevas políticas de la Casa Blanca para combatir la inmigración indocumentada.

Tras conocer la decisión de este lunes, el Departamento de Justicia expresó en un comunicado que el juez Orrick “excedió su autoridad” al bloquear la orden de Trump, y anunció que acudirá al Tribunal de Apelaciones y, de ser necesario, al Tribunal Supremo.

En la Casa Blanca, un comunicado de la oficina de prensa señaló que el estado de derecho recibió otro golpe, cuando “un juez reescribió unilateralmente” la política de inmigración de la nación.

“Una vez más, un simple juez de distrito, y esta vez en San Francisco, ha ignorado la ley federal de inmigración y establecido una nueva política migratoria para todo el país”, agregó.

La declaración expresó que San Francisco, “y otras ciudades de su tipo”, estarían anteponiendo el “bienestar de criminales extranjeros a la seguridad de nuestros ciudadanos”, por lo que los funcionarios autores de la política de santuario serían responsables de las muertes de ciudadanos estadounidenses.

“El fallo es un regalo para las pandillas criminales y elementos de cárteles en nuestro país, y empodera el peor tipo de tráfico humano y de esclavitud sexual, poniendo en riesgo las vidas de miles de inocentes”, agrega.

Las “ciudades santuario”, que serían unas 200 entre ciudades, condados y algún estado de todo el país, se encuentran en la mira del Gobierno federal y del fiscal general, Jeff Sessions.

En una carta reciente, Sessions cuestionó inclusive al gobernador republicano de Illinois, Bruce Rauner, por la promulgación de una ley que convierte al estado en santuario de indocumentados.

“Parece que la protección de extranjeros criminales es más importante que la de los ciudadanos que cumplen con la ley”, expresó el fiscal federal ante las disposiciones de la ley TRUST que prohíbe a los policías preguntar por el estatuto migratorio de las personas, o detenerlas por ser indocumentadas.

También se crearon “zonas seguras”, donde los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no pueden ingresar, como escuelas, iglesias y hospitales, a menos que presenten una orden judicial de arresto.

 

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