Comisión de juristas cree que Guatemala debe depurar ya su sistema judicial

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La misma Cicig, creada en 2007 en el país por la Organización de Naciones Unidas (ONU), también ha denunciado a otras dos magistradas, a quienes ha solicitado que se les remueva la inmunidad. EFE/Archivo

Guatemala, 12 may (EFE).- La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) afirmó que Guatemala debe plantearse “una depuración” de su Organismo Judicial “en este momento” e instó a la comunidad internacional a apoyar una reforma al sector.

“La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha identificado una red criminal de abogados y todo esto demuestra que el sistema de justicia está corrupto en sus raíces”, aseguró el director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, durante una rueda de prensa celebrada en Guatemala.

“Es el momento en el que se debe plantear una depuración del sector justicia en su conjunto y lo más profunda posible”, añadió el abogado, durante una conferencia para medios previo al foro “El Papel del Juez Ante el Litigio Malicioso”.

El encuentro se realizó en el marco del segundo aniversario de la sentencia por genocidio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), declarado culpable el 10 de mayo de 2013, aunque el juicio fue declarado no válido 10 días después por el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Planteamos la depuración del sector justicia por varias razones: está comprobado con los últimos casos que ha habido infiltración del crimen organizado, desde hace años, en el sector justicia”, subrayó Cadena, en referencia a la reciente desarticulación por parte de la Cicig de una supuesta red de abogados que sobornan jueces.

La supuesta estructura criminal involucra, según el ente de la ONU, a la jueza Marta Sierra de Stalling, a cargo del proceso en contra de varios funcionarios estatales en un caso de corrupción y contrabando aduanero que salpicó a la exvicepresidenta del país, Roxana Baldetti, quien renunció a su cargo el pasado viernes.

La misma Cicig, creada en 2007 en el país por la Organización de Naciones Unidas (ONU), también ha denunciado a otras dos magistradas, a quienes ha solicitado que se les remueva la inmunidad.
“En segundo lugar, notamos la falta de independencia judicial de los jueces y magistrados. Esto se dio también en las elecciones pasadas y ahora estamos experimentando los efectos de ello”, sostuvo Cadena.

El jurista también hizo énfasis en “la criminalización de las protestas sociales, que demuestran una complicidad entre abogados, jueces y fiscales para perseguir a dirigentes comunitarios”.

El foro fue el tercero de una serie de encuentros bajo el lema “Impunidad, Independencia Judicial y Ética Profesional en el Litigio Penal”, y contó con la participación del embajador en Misión Especial al frente de la Oficina de Justicia Penal Global en Estados Unidos, Stephen J. Rapp.

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