Decisión Tribunal Supremo Utah beneficia a miles de inmigrantes

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Una decisión del máximo tribunal de Utah podría beneficiar a miles de inmigrantes indocumentados al permitir que se puedan anular declaraciones de culpabilidad por delitos menores que ya habían quedado sin efecto, pero no a nivel federal, una circunstancia que afectaba a indocumentados que querían regularizar su situación. EFE/Archivo
Una decisión del máximo tribunal de Utah podría beneficiar a miles de inmigrantes indocumentados al permitir que se puedan anular declaraciones de culpabilidad por delitos menores que ya habían quedado sin efecto, pero no a nivel federal, una circunstancia que afectaba a indocumentados que querían regularizar su situación. EFE/Archivo

Denver (CO), 22 ago .- Una decisión del máximo tribunal de Utah podría beneficiar a miles de inmigrantes indocumentados al permitir que se puedan anular declaraciones de culpabilidad por delitos menores que ya habían quedado sin efecto, pero no a nivel federal, una circunstancia que afectaba a indocumentados que querían regularizar su situación.

El fallo, publicado el pasado lunes, tiene su origen en el caso de Sergio Meza, de 23 años, quien fue traído por sus padres a Estados Unidos como indocumentado cuando tenía 1 año de edad.

En 2010, Meza fue detenido por posesión de marihuana y se declaró “culpable en suspenso”, una figura legal que consiste en una declaración de culpabilidad que sólo se hace efectiva si inculpado no cumple con los requisitos impuestos por la corte, por lo general multas o horas de trabajo comunitario.

El joven cumplió con esos requisitos (multa de 1.000 dólares y no reincidencia) y los cargos quedaron anulados. No obstante, en 2013 buscó regularizar su situación inmigratoria bajo el programa de la Acción Diferida (DACA) y se enteró que no calificaba por aquella declaración de culpabilidad en suspenso, que ya no era tomada en cuenta en la justicia estatal, pero sí para la federal.

Hasta ese momento, Utah no contaba con un mecanismo para remover de los registros públicos las declaraciones de culpabilidad en suspenso que habían sido anuladas. Por eso, un inmigrante podía incluso ser deportado aunque no hubiese sido convicto de ningún delito.

La decisión de esta semana de la Corte Suprema de Utah modifica esa situación, tal como confirmó Aarón Tarin, un abogado hijo de mexicanos del área de Salt Lake City y que representó a Meza.

La corte no accedió a “limpiar” los antecedentes de Meza, indicando que se aplica en su caso la Ley de Remediación Post-Convicciones (PCRA) de Utah.

Según Tarin, el reciente fallo, al permitir el uso de leyes estatales como “un vehículo de alivio” para la eliminación completa de declaraciones de culpabilidad ya anuladas resuelve el problema de que una persona que no era culpable en Utah, pero sí se mantenía en esa categoría a nivel federal.

“La Corte al final le está dando a miles de residentes en Utah un fuerte martillo constitucional. Mucho mejor”, sostuvo el abogado.

Según el Buró del Censo, en Utah residen unos 236.000 inmigrantes latinos. Según el Pew Hispanic Center, hasta 100.000 de ellos serían indocumentados.

De acuerdo a un reporte del Instituto Sutherland, los indocumentados convictos de crímenes menores representan menos del 5 por ciento de la población carcelaria de ese estado.

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