Fernando Lira.

La Constitución de Venezuela no tiene establecido expresamente el derecho al agua como derecho humano. Son pocas las Constituciones que lo tienen, ya que es muy reciente su reconocimiento como derecho humano. La Constitución de Ecuador fue la primera en América en incorporar el agua como derecho humano. Su artículo 12 indica “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.

En el país existe desde el 2001 Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento y una Ley de Calidad de las Aguas y del Aire. De acuerdo a esa normativa todas y todos deberíamos disfrutar de un servicio de agua eficiente que garantice disponer del mismo de manera potable, suficiente, constante a través de tuberías y apta para el consumo humano. Pero hay una gran distancia entre lo que está normado y la realidad que vive cada familia día a día.

Cuando uno ve las cifras oficiales que son difundidas por el Gobierno se afirma que la gran mayoría de la población goza del servicio de agua. Existe sí, una extensa red de tuberías, pero en miles de sectores en el país lo que menos circula por esas tuberías es agua. Así que hay un contraste entre lo que teóricamente se garantiza y el disfrute real.

No se garantiza que el agua llegue a las personas de manera diaria. Algunas comunidades llega cada 20 días y por algunas horas. Hay zonas de clase media alta donde llega una vez a la semana. Son pocos los poblados y zonas en las grandes ciudades donde el servicio se suministra de manera diaria y continua. Un problema se viene presentando en los centros educativos. Al no llegar el agua por varios días las autoridades se ven obligadas a suspender las clases y esa situación se puede presentar varias veces en un mes.

El tratamiento del agua pareciera no ser eficiente y por el riesgo para la salud. Se empieza a solventar la grave escasez existente debe implicar definir una política pública que se mantenga en el tiempo, con suficientes recursos y en evaluación constante para ir tomando las medidas. Se requiere garantizar un funcionamiento eficiente de las plantas de tratamiento lo cual requiere realizar un buen mantenimiento, modernizar en términos tecnológicos y al elevar la capacidad del personal.

 

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