Discriminación en las fuerzas armadas españolas

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Días atrás tuvimos la oportunidad de dialogar con Dolores Sánchez-Cañete Liñán, que es abogada especialista en derecho militar, con quien entablamos una conversación acerca de un tema muy filoso que por estos días a sacudido a la prensa española y es el tema de la discriminación que sufren los efectivos de las fuerzas armadas y de la marina en ese país.

Uno piensa que las fuerzas armadas se manejan de la misma manera en España que en Estados Unidos, Inglaterra o quizás Canadá, pero no es así. En España los militares de tropa y marinería temporales sufren una autentica discriminación laboral en más de una forma, además de que no poseen ninguna ventaja ni beneficio alguno luego de retirarse obligatoriamente a la temprana edad de 45 años. A través de la entrevista podremos ver algunos casos concretos y generales de discriminación además de ver como se encausa este caso en las cortes españolas y europeas.

 

1.- ¿Cuál es la vinculación entre los militares de tropa y la administración pública española?

Los Militares de Tropa y Marinería temporales (MPTM temporales) son Empleados Públicos de la Administración Militar que pertenece a la Administración General del Estado, según nuestra Constitución de 1978. Nosotros entendemos que la relación de servicios, de estos militares (actualmente definida como una “relación jurídico- pública de carácter especial” y regulada por la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería, en su Art. 6) OBLIGATORIAMENTE debió de encuadrarse dentro de la  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), un año posterior a la Ley de Tropa y Marinería,  y actualmente debe de encuadrarse dentro del actual Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), concretamente dentro de su Artículo 8 que establece las 4 categorías de Empleados Públicos que pueden existir en España, esto es: Personal Funcionario de carrera, Personal Funcionario interino, Personal laboral y Personal eventual. Por otra parte, nuestra Constitución de 1978 consagra un “modelo bipolar” (Arts 35.2 y 103.3) es decir, que según la propia Constitución, y Jurisprudencia consolidada al respecto en España solamente se puede estar vinculado a la Administración Pública como Personal funcionario o como Personal Laboral.

 

No obstante todo anterior, actualmente este colectivo de militares de tropa y marinería temporal, los MPTM temporales son los únicos empleados públicos de España que no saben a que categoría de empleados públicos pertenecen de entre esas cuatro categorías que existen en el ordenamiento jurídico español (artículo 8 del EBEP).

 

Este despacho defiende que, como Empleados Públicos de una Administración Publica española este personal encajaría perfectamente en el Art. 8, en su punto 2, apartado c) como Personal laboral temporal,  y en  el articulo 11 del EBEP, por lo que la “ relación jurídico pública de carácter especial” que se regula en el artículo 6 de la Ley 8/2006, de 24 de abril de Tropa y Marinería podría ser una relación laboral de carácter especial de las que permite y regula el artículo 2.1 L) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), en el que una de las partes es una Administración Pública, pero al fin y al cabo una relación laboral  que está encubierta.

 

De hecho, en los Certificados de Empresa que al amparo del Art 2.2 del  Real Decreto 474/1987, de 3 de abril les expide el propio Ministerio de Defensa a los efectos de acreditar su situación de desempleo y  que deben de presentar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para cobrarlo, es el propio Ministerio de Defensa quien les CERTIFICA el carácter de personal laboral de tipo eventual.

 

 Por lo tanto, entendemos que no debería caber ninguna duda y que les sería de aplicación el Estatuto de los Trabajadores (que es la norma de aplicación que se estaría encubriendo)  como a todos los demás trabajadores que son Personal laboral y trabajan para una Administración Pública española. Los llamados “compromisos” no son más que contratos laborales encubiertos y  puesto que concatenan estos contratos durante todo el tiempo de su relación de servicios con las Fuerzas Armadas estarían en “Fraude de Ley”.

Estaríamos hablando de una relación laboral encubierta y (por aplicación del Art 15 del Estatuto de los Trabajadores) tendrían el derecho a ser declarados por los Tribunales del Orden Social como personal indefinido o fijo de la Administración militar y por lo tanto, a no ser despedidos por el solo hecho de cumplir los 45 años de edad, a parte de tener otra serie de derechos laborales que les otorgaría dicho Estatuto (ET) y que ahora no tienen,  en cuanto a condiciones laborales.

 

Por tales motivos, entendemos que este colectivo de empleados públicos, además de estar en Fraude de Ley según la normativa española, también estarían siendo víctimas de una vulneración de Derechos Fundamentales según la propia normativa española y, más aún, según la normativa y jurisprudencia de la Comunidad europea, que es directamente de aplicación en España y, por lo tanto, su aplicación vincula a sus poderes públicos (autoridades públicas) ya sea el poder legislativo (legisladores), el poder ejecutivo (el Gobierno y la Administración Pública) y el poder Judicial (los jueces).

 

2.- ¿A qué se debe que el gobierno español abandone a su suerte a los militares de tropa y marinería luego de cumplir los 45 años? ¿Qué razones da el gobierno?

No lo sé…Yo no le veo justificación alguna cuando de hecho existen militares de tropa y Marinería permanentes y cuya jubilación se establece a los 58 años de edad (Art.113.4 de la Ley de la carrera Militar). y, más aun, cuando la propia Ley contempla la figura del Reservista de especial disponibilidad (RED) (según el Art. 17 y ss. de la Ley 8/2006) creado para que se acojan  aquellos que después de los 45 años quieran mantenerse en una situación de disponibilidad por si fueren necesarios al ejército (hasta  la edad de 58 años). No tiene Sentido.

El Gobierno solo dice que cumple la Ley, pero esto es una medida que ha establecido la Ley arbitrariamente pues no tiene justificación legal alguna. Es más, es una medida discriminatoria con respecto a los Militares de tropa y Marinería permanentes en particular y con respecto a otros Empleados Públicos en general.

 

La realidad es que, aunque se diga en la Ley de tropa 8/2006, no existe conciencia de que la Tropa sea profesional y se les trata como cuando eran militares de reemplazo y creo que ello es así porque quizás  interese a la jerarquía militar tener una mano de obra sin derechos. La Ley fue promulgada en un momento (el año 2006) en que hacían falta soldados en el Ejército y se pretendía hacer el ejército atractivo a los jóvenes para que lo eligieran como opción laboral. De hecho se pusieron en marcha campañas de captación por diversos medios.

 

Según el propio PREÁMBULO de la Ley 8/2006 la justificación de esta Ley respondía a la necesidad de dotar de una mayor estabilidad a nuestras Fuerzas Armadas, estableciendo un nuevo sistema que, dice textualmente  su Preámbulo, pretendeconsolidar la plena profesionalización” posibilitando “al soldado y marinero una prolongada relación temporal con las Fuerzas Armadas y, a su término, un abanico de salidas laborales y unas medidas socioeconómicas que tienen en cuenta los años de servicio realizados, con la pretensión de que prestar servicio en las Fuerzas Armadas se configure como una opción más atractiva…”

 

La ley “garantiza a los soldados y marineros la posibilidad de completar su trayectoria profesional comenzando su relación de servicios con un compromiso inicial renovable hasta seis años de duración y ofreciéndoles la opción de suscribir otro de larga duración que llegará hasta los 45 años de edad, durante cuya vigencia podrán acceder a la condición de soldados permanentes”, previéndose para quienes opten “por limitar su permanencia en las Fuerzas Armadas a los años previstos en el compromiso inicial el reconocimiento del tiempo servido en los Ejércitos como mérito en el acceso a las Administraciones Públicas, la reserva de plazas para el ingreso en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía”, pretendiéndose con ello “hacer atractivo y útil el servicio, por tiempo limitado, en nuestros Ejércitos

 

Nada de esto se ha cumplido. Cuando los despiden, cobran durante 2 años el desempleo y si no han conseguido ser  RED, ya no tienen nada más. Es más, las formación en cuanto a cursos que han recibido durante los años de su permanencia en las Fuerzas Armadas (FAS) para ser útiles al ejército luego no les sirven en la vida civil porque no están homologados por el Ministerio de Educación ni por el Ministerio de Empleo, ni por ningún otro. Por todo esto decimos que tal y como está en panorama laboral en España en cuanto a paro o  desempleo, “los abandonan a su suerte”.

 

3- ¿Qué beneficios le da el gobierno a los militares de tropa y marinería cuando los obligan a retirarse a los 45 años?

Absolutamente ninguno.

 

4.- ¿Qué derechos, entienden ustedes, que se estarían vulnerando con respecto a la relación de servicios que mantienen estos Militares temporales con la Administración Pública española?

 

Como he dicho, entendemos que los MPTM temporales, sufren discriminación laboral y que se le están vulnerando derechos fundamentales derivados de nuestra norma constitucional y su de desarrollo legal debido a la indeterminación de su relación de servicios (la “relación jurídico-pública de carácter especial) con las FAS, en definitiva con la Administración Militar.  

 

Concretamente se vulnera su derecho de Igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 14 y más específicamente en el articulo 23.2 de nuestra Constitución  y también por  la Directiva 2000/78/CE (Art. 3.1 a) en cuanto al acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos con respecto a sus compañeros los MPTM permanentes.

 

También se concreta  en el derecho a la igualdad en las condiciones laborales de su relación de servicios con respecto a las de sus compañeros los Militares profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) permanentes y por último, y más específicamente en una discriminación laboral por razón de edad en íntima conexión con la temporalidad de su relación de servicios.

Para entender esto hay que decir primero que, en España la “profesión militar” está regulada por 2 leyes distintas: la Ley 8/2006 de tropa y Marinería  y la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. La Ley de la carrera militar es de aplicación a todas las escalas de la Profesión militar, es decir, a los Oficiales generales, a los Oficiales, a los Suboficiales y a la Tropa y Marinería (Art 20 Ley 39/2007). Pero dentro de esta última escala de Tropa y Marinería  se distinguen “dos clases de militares” de Tropa y marinería: los temporales (MPTM temporales) y los permanentes (MPTM permanentes) y la Ley 8/2006 de tropa y Marinería solamente rige para los Militares con vinculación temporal.

No tiene ningún sentido  que una misma categoría de trabajadores de una misma escala, con idénticas funciones y cometidos laborales estén regulados por 2 leyes diferentes.

 

5.- ¿Cómo o en qué se traduce esta discriminación, desigualdad y vulneración de Derechos que ustedes denuncian?

1º) En primer lugar, al igual que sus compañeros los MPTM permanentes (su trabajador fijo comparable a efectos de lo regulado el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999  que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE en cuanto a la discriminación y al uso abusivo de la contratación temporal) que, como militares de carrera están asimilados a Funcionarios de carrera, y,  por tanto, su relación de servicios si está encuadrada dentro del artículo 8.2 a) del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) consideramos que estos trabajadores tienen el derecho fundamental a que su relación de servicios ( relación jurídico publica de carácter especial) también se defina y se encuadre jurídicamente en una de las cuatro categorías de Empleado público  que se definen en el articulo 8 del EBEP.

 

No obstante, la relación jurídico pública de carácter especial que los  vincula a la Administración no está definida ni categorizada jurídicamente dentro del ordenamiento jurídico español. Estos trabajadores no saben qué  clase de empleados Públicos son ni que derechos laborales le pertenecen  cuando la categoría y los derechos laborales de su fijo comparable, el MPTM permanente, están perfectamente determinados, les rige una Ley diferente y sí que tienen reconocido, como empleados Públicos,  su encuadre dentro del artículo 8 del EBEP como militares de carrera, asimilados a los Funcionarios de carrera.

 

2º) La segunda  causa de desigualdad y discriminación, como MPTM temporales, se produce en cuanto a la duración o la temporalidad  de su relación de servicios con respecto a sus compañeros permanentes (MPTM permanentes).

La Administración Militar para una misma escala de trabajadores, un mismo colectivo de trabajadores (la Tropa y Marinería) marca absolutamente diferencias laborales en cuanto a la duración de la relación de servicios según sean temporales o permanentes y, sin embargo, realizan idénticas funciones, ocupaciones, y cometidos laborales. Es decir un trabajo idéntico reconocido por la propia Ley de la Carrera Militar.

En definitiva, la contratación de los MPTM temporales NO obedece a razones temporales: ya sean  eventuales, en interinidad o en sustitución, sino a necesidades permanentes al ocupar un puesto estructural igual al de la tropa permanente. . No  son razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, ni por supuesto, circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, las que originan el reclutamiento de estos militares o la convocatoria de plazas para el acceso a este empleo público (a la categoría o escala Tropa y Marinería genéricamente) en la Administración militar, sino que lo son otras razones cuales son dotar al ejército de puestos de trabajo básicos y necesarios permanentemente, puestos de estructura que tienen su propia escala dentro de las FAS, con sujeción a unos Presupuestos Generales.

Así se puede comprobar en la reciente convocatoria, 3007 Resolución 452/38045/2017, de 9 de marzo de 2017, de la Subsecretaría de Defensa, (BOD Núm. 66 Sábado 18 de marzo de 2017 Sec. II.B. Pág. 19892,

Y, asimismo, se desprende  de lo regulada en los artículos: 2, 20.5 y 21 de la propia Ley 39/2007 de la Carrera Militar. “El número de militares profesionales de tropa y marinería en la situación de servicio activo se fija teniendo en cuenta las necesidades derivadas del planeamiento de la defensa militar y los créditos establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado…(Art. 2). Los militares de la categoría de tropa y marinería, que constituyen la base de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, desempeñan trabajos y cometidos en aplicación de procedimientos establecidos o los que se les encomiende por órdenes concretas. De su profesionalidad, iniciativa y preparación depende en gran medida la eficacia de la organización militar…”(Art 20.5)

Por lo tanto, según queda expresamente consignado en la Ley estas son las «razones objetivas» para la contratación de TODOS los trabajadores de la escala de Tropa, es decir, cubrir las necesidades del planeamiento de defensa militar según los créditos establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año, y para los mismos trabajos y cometidos laborales de toda la categoría Tropa y Marinería, tanto temporales como permanentes.

 

En definitiva NO EXISTE una justificación objetiva para el trato desigual en cuanto a la temporalidad de la relación de servicios entre el Militar de Tropa y Marinería con contrato temporal hasta cumplir los 45 años de edad con respecto a sus compañeros Militares de Tropa y Marinería con vinculación permanente hasta la edad de jubilación (58 años) ya que desarrollan las mismas funciones y ocupan idéntico puesto de trabajo de la estructura orgánica y operativa de las FAS ( Art 20. 5 de la Ley de la Carrera Militar ).

 

 3º) La tercera causa de desigualdad y discriminación se produce en cuanto a las diferencias en las condiciones laborales con respecto al compañero  Militar de tropa permanente por razones de: salario, uniformidad, procesos de incapacidad temporal, expedientes disciplinarios por comisión de delito doloso, etc.

Dichas diferencias en las condiciones laborales de los trabajadores permanentes o de carrera son claramente más ventajosas y por lo tanto, discriminatorias para los temporales y tampoco están justificadas objetivamente en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo Marco anexo de la Directiva 1999/70/CE que establece el derecho de todos los trabajadores a ser tratados igual que los trabajadores indefinidos comparables en cuanto a condiciones de trabajo se refiere, salvo que exista una  necesidad para lo contrario, es decir una justificación objetiva para un trato desigual. Tampoco están justificadas estas diferencias según  la Directiva  2000/78/ CE para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

 

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) las razones objetivas hay que buscarlas, en la naturaleza de las funciones realizadas o eventualmente en la persecución de un “objetivo de política social legítimo”, pero nunca en la naturaleza temporal de la relación laboral ni en la mera previsión normativa.

 

4º) La cuarta  causa de desigualdad y discriminación, se produce por razón de edad al ser despedidos arbitrariamente a la edad de 45 años, pues tampoco está justificado objetivamente que estos trabajadores sean despedidos al cumplir esta edad cuando, más aún, cuando existe la figura del Reservista de especial disponibilidad (RED), y cuando a la tropa permanente se le permite la jubilación a la edad de 58 años como hemos indicado anteriormente.

 

Es decir que a efectos de la Directiva 2000/78/CE, las FAS ya han establecido en disposiciones específicas los requisitos profesionales esenciales, legítimos y justificados  que se exigen para  ejercer  la actividad profesional propia de la escala de Tropa, es decir, su jubilación a los 58 años de edad. Por tanto el fijar arbitrariamente la edad de 45 años para el despido de algunos no responde a ninguna  finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo, ni los medios son adecuados ni necesarios.

El hecho de que la Ley de Tropa establezca de forma subjetiva y arbitrariamente la condición del cumplimento de la edad de 45 años para fijarlo como causa de finalización de esta contratación temporal no pueden constituir “razones objetivassegún la normativa y jurisprudencia europeas,  y entendemos constituye, de por sí, un elemento claramente discriminatorio por razón de edad que atentaría contra la propia Constitución española y contra dicha normativa europea y jurisprudencia europea, además de contra otra normativa sobre derechos fundamentales y sobre derechos humanos.

 

6.- ¿A qué normativa se refieren ustedes? …Es decir, ¿Qué normativa se estaría vulnerando la “relación jurídico-pública de carácter especial”  que mantienen estos militares con la Administración Pública española?

 

Como ya he dicho, a parte de la vulneración del Derecho fundamental de Igualdad ante la Ley, que se recoge los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española, en relación con el Art 35.2  al no haberse respetado por la Ley de Tropa y Marinería el contenido esencial del Estatuto de los Trabajadores y no haberse respetado el sometimiento a los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público,  entendemos que, la contratación de este personal MPTM temporal, según la normativa nacional recogida actualmente en el artículo 6 de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería, sería, contraria e incompatible con el principio de no discriminación por razón del edad, previsto en la mencionada Directiva 2000/78/CE en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea, que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en 2009 modificó su naturaleza y adquirió carácter jurídicamente vinculante, lo que obliga a cumplirla a las instituciones de la Unión europea y también a los Estados miembros.

También sería contraria a la Directiva 1999/70/CE en cuanto a la discriminación y al uso abusivo de la contratación temporal.

 

Por otra parte, la prohibición de la discriminación  también está recogida en el artículo 14 del Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH) que garantiza la igualdad de trato en el goce de los derechos y libertades  reconocidos en el Convenio. El Protocolo 12 a dicho CEDH,  ratificado por España el 13 de febrero de 2008, entrando en vigor el 1 de junio siguiente, amplía el alcance de la prohibición de la discriminación, al garantizar la igualdad de trato en el disfrute de todos los derechos, incluidos los derivados de la legislación nacional, aunque no estén incluidos en el ámbito de los derechos amparados por el CEDH. Los motivos enunciados por los que no se puede discriminar son los mismos ya recogidos en el artículo 14 de la Convención (CEDH)sexoraza, color, lengua, religión, opinión, origen, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación, si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que no es una enumeración exhaustiva.

Además, como ya hemos mencionado, el Protocolo 12 prohíbe que nadie sea discriminado por una autoridad pública (entendiéndose en sentido amplio de cualquier poder público), lo que extiende la prohibición y aumenta las garantías.

 

Dicho Protocolo 12 hay que ponerlo en relación con los artículos 13 y 14 del mismo CEDH. Así en de destacar que el Artículo 13 dice que “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”

 

Por todo lo cual, consideramos igualmente, que al no existir justificación objetiva y razonable para la desigualdad, el MPTM temporal es víctima de un trato degradante que podría ser contrario al respeto de los derechos humanos garantizados por el CEDH (artículos 3, y 4.1 en relación con el artículo 14 del CEDH) y su Protocolo 12. Además,  su despido a la edad de 45 años, sin haber recibido formación alguna, durante todos los años de concatenación de los contratos temporales, para reinsertarme en el actual panorama laboral español le condena a una situación de desempleo, desamparo e incluso indigencia que le afectaría tanto a él como a su familia y ello podría constituir una injerencia en sus derechos a la vida privada y familiar, contrario al Art 8 del CEDH.

 

El Tribunal Europeo de Derechos humanos en su amplia jurisprudencia dice que:

 

“…una distinción es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue un objetivo legitimo o si no existe ‘relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido””

 

Todos estos motivos de discriminación, así como la normativa y Jurisprudencia que es de aplicación están actualmente sobre la mesa de las máximas autoridades militares, es decir dentro de  la Administración militar de los Generales Jefes de cada Ejército así como de la Subsecretaría de Defensa, y también sobre Jueces y Magistrados del Orden Jurisdiccional social y hasta el momento ninguno de estos poderes o autoridades públicas han atendido estos argumentos y fundamentos jurídicos sobre la discriminación, con lo cual entendemos que en virtud del Art 1 del  Protocolo 12 al CEDH estas autoridades publicas podrían estar, asimismo, discriminando a este colectivo de militares que actualmente son unos 70.000.

 

Así, dice el Artículo 1 del Protocolo 12:

Prohibición general de la discriminación

 

  1. El goce de los derechos reconocidos por la ley ha de ser asegurado sin discriminación alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de  otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
  2. Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de una autoridad pública, basada en particular en los motivos mencionados en el apartado 1.

 

En definitiva, entendemos que la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería y demás normativa de referencia a esta Ley y a su desarrollo no solamente sería contraria a la Constitución y a la normativa española sino que, además, también a todo el derecho supranacional señalado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y en el Convenio europeo de Derechos humanos y especialmente, al Derecho Comunitario contenido en las Directivas (Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, sobre el trabajo de duración determinada y a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000). El mandato de estas Directivas en cuanto a sus directrices sobre la no discriminación y sobre el uso abusivo de la contratación temporal  SE OPONE a la actual regulación contenida en  Ley 8/2006 de Tropa y Marinería en cuanto a la regulación y a las consecuencias de la relación jurídico publica de carácter especial.

 

Todo ello sin perjuicio de que el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley y a estar protegida contra la discriminación constituye, además, un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de los que son partes todos los Estados miembros. El Convenio nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo prohíbe también la discriminación en el ámbito del empleo  y la ocupación.

 

7.- ¿Qué pasos está dando usted y su gabinete jurídico para defender los derechos de estos militares de tropa y marinería?

 

Como le apuntaba anteriormente,   y en fecha muy reciente (concretamente el 12 de febrero de 2018) casi una treintena de estos Militares de tropa y marinería temporales  de distintas partes de España han cursado de forma individual un derecho fundamental de Petición (al amparo del Artículo 29 de nuestra Constitución) para pedir amparo a las máximas autoridades administrativas, es decir a los Generales del Ejército Jefes del estado Mayor de los ejércitos correspondientes (de Tierra, Mar y Aire) Señores: D. Francisco Javier Varela Salas, D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río y D. Javier Salto Martínez-Avial,  respectivamente, como autoridades competentes encargados de “Velar por los intereses generales del personal militar bajo su mando, tutelando en particular el régimen de derechos y libertades derivado de la norma constitucional y su de desarrollo legal”(según lo preceptuado por los artículos 4 de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería en relación con el artículo 13.2 e) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y del artículo 8. 1 y 2. j) del Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa), así como al Sr. Subsecretario de Defensa Don Arturo Romaní Sancho, como órgano al que le corresponde la dirección, impulso y gestión de la política de personal y, en particular, le corresponde: elaborar y proponer disposiciones en materia de personal y enseñanza militar,  dirigir la planificación y el desarrollo de la política de reclutamiento y régimen general del personal militar, dirigir y coordinar la política social, impulsar y coordinar el desarrollo legislativo y reglamentario e Impulsar la política de igualdad ( según el Art 8. 1 y 2. a), d),e),f),  j) del Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa) y haciéndoles saber que consideran que están siendo víctimas de discriminación laboral.

 

Ver: http://www.onemagazine.es/el-gobierno-renueva-a-los-jefes-de-los-tres-ejercitos

 

En concreto, estos militares temporales han pedido a las máximas autoridades administrativas lo siguiente:

 

1º- Que se pronuncien acerca de la naturaleza de la relación jurídico publica de carácter especial que vincula a los MPTM temporales a la Administración militar y el porqué no está definida ni categorizada jurídicamente dentro del ordenamiento jurídico español haciéndoles saber que ello constituye a su entender una discriminación laboral y la vulneración del Derecho fundamental a la Igualdad ante la Ley. Quieren saber en definitiva qué clase de empleados Públicos son pues se sienten discriminados laboralmente con respecto a los compañeros de la misma escala, los Militares de Tropa y Marinería permanentes que sí tienen determinada la naturaleza de su relación de servicios y sí que saben qué clase de Empleados públicos son (funcionarios de carrera).

2º- Que se pronuncien acerca del por qué de la desigualdad y discriminación, como MPTM temporales, se produce en cuanto a la duración o la temporalidad  de su relación de servicios con respecto a sus compañeros Militares de Tropa y Marinería con una relación de servicios de carácter  permanente (MPTM permanente) a los que además les rige una Ley distinta cuando en realidad ocupan idéntico puesto de trabajo estructural con idénticas funciones dentro de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas según dice la propia normativa militar (Arts 2 y 20, y 21 de la Ley de la carrera militar) es decir, un trabajo idéntico reconocido por la propia Ley de la Carrera Militar.

 

3º-  Que se pronuncien acerca del por qué de la desigualdad y discriminación en cuanto a las diferencias en las condiciones laborales con respecto al compañero  Militar de tropa permanente por razones de: salario, uniformidad, procesos de incapacidad temporal, expedientes disciplinarios por comisión de delito doloso, etc.

 

4º.- Que se pronuncien acerca del por qué de la desigualdad y discriminación por razón de edad al ser despedidos arbitrariamente a la edad de 45 años, pues tampoco está justificado objetivamente que estos trabajadores sean despedidos al cumplir esta edad cuando, además existe la figura del Reservista de especial disponibilidad (RED), y cuando a la tropa permanente se le permite permanecer en las FAS hasta la jubilación esto es, hasta los 58 años.

 

Estas peticiones a las Autoridades Publicas se han efectuado específicamente, en virtud del derecho fundamental de petición regulado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición que contempla, asimismo una serie de obligaciones para las autoridades públicas. Entre ellas la obligación de dar curso a la petición, y la obligación de dar acuse de recibo a estas peticiones en un plazo de 10 días desde su presentación (Art 6.2),  plazo que se finalizó el pasado día 26 de febrero de 2018 sin que se haya recibido comunicación alguna, ni siquiera el preceptivo acuse de recibo por parte de estas autoridades públicas.

 

8.- ¿Qué tutela y resultados han obtenido ustedes, hasta este momento, de los Tribunales españoles?

 

En los mismos términos anteriormente mencionados, en cuanto a peticiones y a argumentos jurídicos, se han interpuesto decenas de demandas en los Juzgados del Orden social de algunas localidades de España (Granada, Almería, Cádiz, Lanzarote, Vigo, Zaragoza, Madrid,  etc.)

 

En el caso de estas demandas ante el orden social, mayoritariamente interpuestas ante los Juzgados de Madrid, además, se les ha solicitado expresamente a Jueces y Tribunales que hagan una consulta sobre esta cuestión de fraude y de discriminación ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de lo que se denomina “la cuestión prejudicial”, sin que hasta este momento se haya realizado ni se hayan atendido ninguna de nuestras peticiones.

 

En concreto, al  final de nuestra Demandas se ha incluido lo siguiente:

 

OTROSÍ DIGO: Se ruega, si la Sala lo considera oportuno, que al amparo del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre lo siguiente:

 

1.-¿Es contrario al “Acuerdo Marco” que figura como anexo en la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, sobre el trabajo de duración determinada, la concatenación de los contratos temporales o compromisos temporales de los Militares profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) en las Fuerzas Armadas (FAS) españolas que se regula en  la  Ley 8/2006 de Tropa y Marinería cuando, como dice su propia normativa y convocatorias de contratación, ocupan puestos de estructura y atienden las necesidades permanentes de su propia escala dentro las FAS no existiendo, además, más razón objetiva justifique su temporalidad que la de cumplir la edad de 45 años?

 

2.- ¿Es discriminatoria la situación laboral del actor con respecto al militar de Tropa y Marinería permanente (su trabajador fijo comparable), en cuanto al acceso al empleo público, a sus condiciones laborales y su despido a los 45 años de edad, según Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000,  el “Acuerdo Marco” que figura como anexo en la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y/o el Protocolo 12 en relación con el artículo 14  del Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH) ?

 

Los Juzgados de lo social de  Madrid,  todos ellos sitos en la C/ Princesa, nº 3, se han declarado mayoritariamente incompetentes para conocer de estas demandas emitiendo como respuesta más o menos estandarizada, la siguiente:

 

“…. debe concluirse que no nos encontramos ante una relación laboral. Es más, de hecho la jurisdicción contencioso-administrativa ha venido asumiendo el conocimiento de las incidencias que puedan surgir en las relaciones del personal de tropa y marinería, sin que podamos hablar de una relación laboral, y sin que obste a lo anterior el hecho de que utilice determinados formularios de Seguridad Social o prestación por desempleo”

 

“la relación jurídico publica de carácter especial que vincula a los los militares de Tropa y Marinería temporales con la Administración Publica militar tiene naturaleza de carácter estatutario” (funcionarial) y que, por tanto el conocimiento de las Demandas corresponde  a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 

En primer lugar, decir, como se viene haciendo hasta el momento  por los Jueces y Tribunales del orden social que son  personal estatutario no es responder a la cuestión ya que el Personal estatutario no es una categoría de Empleado público, aparte de que se les han esgrimido numerosos y potentes argumentos por los cuales a este personal no se les puede considerar como tal  ya que personal estatutario es el que se declara como tal por una ley, y tiene un estatuto propio que regula TODA la profesión. En nuestro caso, como sabe, la profesión militar y más concretamente la Escala o Categoría de Tropa y Marinería (Art 20 Ley 39/2007) está regulada por 2 leyes distintas: la Ley 8/2006 y la Ley 39/2007. No pueden existir 2 “estatutos” para el personal Militar de una misma escala o categoría (la Tropa y Marinería española) y con la misma “profesión militar. Como hemos dicho, no tiene sentido que una misma categoría de trabajadores de una misma escala, con idénticas funciones y cometidos laborales estemos regulados por 2 leyes diferentes.

 

Además la Ley 8/2006 de tropa y marinería en ningún momento establece su carácter de norma estatutaria, ni expresamente establece la naturaleza administrativa de los compromisos o contratos. Por lo tanto no puede entenderse declarada formalmente una naturaleza estatutaria o la contratación de naturaleza administrativa y  no laboral de esa relación de servicios.

 

Por otra parte, es  evidente que esta  relación contractual temporal no se ajusta  a la definición que realiza el articulo 9 del EBEP para definir a los Funcionarios de Carrera (como sí ocurre con los compañeros MPTM permanentes, y así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo hasta la saciedad en su, por todas, Sentencia de 14 de diciembre de 2016) ni el artículo 10 para definir a los Funcionarios Interinos.

 

Los Juzgados de lo social emiten finalmente FALLO en el sentido siguiente  :

 

“Que estimando como estimo la excepción de incompetencia de jurisdicción formulada por el Ministerio de Defensa, debo declarar y declaro la falta de competencia de la  Jurisdicción Social para conocer de la presente demanda formulada por Don/doña………………………… contra Ministerio de Defensa, correspondiendo en su caso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, o

 

 

 

“Acuerdo declarar la falta de competencia de la jurisdicción del orden social para conocer del presente asunto, acordándose el archivo de las actuaciones, debiendo el actor reproducir su pretensión mediante nueva demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa”.

 

En este sentido, hay que decir que al tratarse  de una vinculación a la Administración mediante contratos y no mediante nombramientos existe amplia jurisprudencia en España en virtud de la cual deberían de haberse declarado competentes para conocer de estas demandas. Así. por todas, conviene citar  La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su de 27-7-2011 ( recurso 2883/2010) y más recientemente la Sentencia de 13 de mayo de 2016, nº de Recurso 2228/2014 de la misma  Sala de lo Social del Tribunal Supremo que en su fundamento de derecho primero, apartado 4 establece:

 

“Es el Orden Jurisdiccional Social el competente para determinar la naturaleza de dicha relación contractual del actor con la Administración…”.

 

Algunas de los Autos y Sentencias de estos juzgados están siendo recurridos mediante Recurso de Suplicación ante el  Tribunales Superior de justicia de Madrid (TSJ) cuya primera Sentencia acaba de ser notificada a este despacho, con fecha de 7 de Marzo de 2018, y lo es en el mismo sentido.

Procedimiento Recurso de Suplicación 899/2017

Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Sección nº 05 de lo Social

Sentencia número:  118

 

 

Dicha sentencia dice, entre otras cosas lo siguiente:

 

CUARTO.- De la anterior regulación, se colige que los MPTM temporales son aquellas personas que tienen una vinculación profesional con las FFAA, de la que constituyen su base, suscribiendo compromisos de carácter temporal, en el seno de una relación jurídico-pública sometida a una legislación específica y que pueden acceder a la condición de militar de carrera…

 

…Y de este modo, aunque no compartamos la tesis de la sentencia que califica al demandante, militar de tropa y marinería de carácter temporal, como funcionario (solo podría haber ostentado tal condición, si hubiera accedido a una relación de servicios de carácter permanente firmando el compromiso de larga duración y superando un concurso oposición, como dice la STS, Sala 3º, 14-12-16, Rec. 1277/15), entendemos que, en modo alguno, nos encontramos ante un personal laboral para cuyas controversias resulte competente esta jurisdicción, porque no siendo funcionario ni tampoco personal laboral con contrato formalizado con la Administración Pública… es evidente que esta jurisdicción carece de competencia para conocer de la demanda, por razón de la materia, debiendo dirimirse la cuestión litigiosa en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”

 

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

 

 

F A L L A M O S

 

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación Letrada de DON …………………………, contra el Auto de 23 de Mayo de 2017, confirmado por Auto de fecha 7 de julio de 2017, dictado por el Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid, en autos nº 311/2017, seguidos a su instancia contra el MINISTERIO DE DEFENSA, confirmándolo íntegramente y en todos los pronunciamientos que contiene. Sin costas.

 

Entendemos que esto es tanto como no decir nada, pues La Sentencia no solamente no aclara qué clase de Empleados Públicos son los MPTM temporales sino que agrava más la situación ya que la Sentencia del TSJ dice que “… los MPTM temporales son aquellas personas que tienen una vinculación profesional con las FFAA…en el seno de una relación jurídico-pública sometida a una legislación específica…no siendo funcionario ni tampoco personal laboral con contrato formalizado con la Administración Pública…”

 

Ello entendemos que supone una “barbaridad jurídica” (por llamarla de alguna forma) pues está diciendo que este personal no es ni funcionario, ni laboral con lo cual se estaría yendo en contra del propio modelo bipolar (funcionarios y laborales) del personal al servicio de las Administraciones Públicas que consagra nuestra Constitución en los artículos 35.2, y 103 de la misma y de toda la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del tribunal Supremo en este mismo sentido.

No obstante, independientemente de ello, y de los recursos contra estas resoluciones que procedan también acudiremos próximamente a la Jurisdicción Contencioso-administrativa (aunque no sea esta la competente jurídicamente desde nuestro punto de vista)  para interponer demandas con idénticos argumentos.

 

En esta primera Sentencia del TSJ entendemos que no se ha dado una respuesta concreta y congruente con nuestra demanda y argumentos jurídicos por lo cual sus pronunciamientos podrían constituir, además de una violación del derecho fundamental de tutela judicial efectiva (Art 24 de la Constitución española), una violación del mismo derecho Fundamental de la Unión Europea (Art 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea) y del artículo 6 del Convenio europeo de Derechos humanos y, por tanto, otra discriminación contra este personal, especialmente sancionada en virtud del citado Art 1.2 del Protocolo 12 al CEDH en virtud del cual, “nadie puede ser discriminado por una Autoridad Pública “.

 

9.- En definitiva,  ¿Qué es lo que pide para ellos exactamente? ¿En qué se traducirían los resultados de sus demandas y peticiones?

En primer lugar, se lucha por el derecho fundamental de Igualdad ante la Ley traducido a que  este colectivo de  militares sepan qué tipo de empleados públicos son ya que en función de ello sabrán qué derechos laborales les corresponden como trabajadores de una Administración Pública española.

Si finalmente se declara que son funcionarios deberán estar regidos por el Estatuto básico del Empleado público con las debidas adaptaciones a la condición militar (Art. 5 de la Ley 39/2007 de la carrera militar) y por tanto ser declarados como funcionarios (interinos o de carrera), así como sus compañeros los Militares de Tropa y Marinería Permanentes  que si están categorizados como funcionarios de carrera (según los Arts 8. 2 a) y 9 del EBEP). Si finalmente se admite que son personal laboral al servicio de la Administración pública militar deberán estar regidos por el Estatuto de los Trabajadores y también por el Estatuto Básico del Empleado público (Arts 8.2 c) y 11 del EBEP) también con las debidas adaptaciones a la condición militar.

La propia Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su Artículo 5, admite y regula la sujeción del personal militar profesional a los principios y normas de aplicación general del Estatuto Básico del Empleado Público “con las adaptaciones debidas a la condición militar”

 

“…Tanto en las Reales Ordenanzas como en las regulaciones reglamentarias del régimen del personal militar profesional se incorporarán los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con las adaptaciones debidas a la condición militar….”

 

En segundo lugar, no obstante, tanto si finalmente son declarados como personal funcionario, que en este deberían ser declarados como funcionarios interinos (a nuestro entender) como si son declarados como personal laboral, en cualquier caso lo cierto y real es que su vinculación temporal, su  contratación temporal hasta los 45 años de edad no está justificada objetivamente. Es decir,  no son razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, ni por supuesto, circunstancias del mercado, acumulación de tareas, etc. En definitiva, su contratación NO obedece a razones temporales. Esto quiere decir que su vinculación o contratación temporal hasta los 45 años de ninguna manera está justificada, más aun existiendo sus compañeros permanentes,  a los que se les permite jubilarse a los 58 años y existiendo además la figura del Reservista de especial disponibilidad.

Por lo tanto de cualquier manera (ya sea ello declarado por los tribunales del Orden social, que son los que nosotros creemos competentes, ya sean en el futuro por los tribunales del Orden contencioso administrativo) lo cierto es que este colectivo de trabajadores está en “Fraude de Ley” según la normativa española en vigor y por lo tanto no puede ser despedidos a los 45 años, por lo cual tendrían derecho a permanecer al servicio de las FAS el mismo tempo que sus compañeros los permanentes y en las mismas condiciones laborales. Además, el hecho de que se haya fijado la edad de 45 años para su expulsión de las FAS constituye además una discriminación por razón de edad que como principio social de la Unión europea, sería  condenada por toda la normativa normativa europea sobre derechos laborales y sobre derechos humanos. y

–  En tercer lugar, puesto que no hay razones objetivas para un trato desigual se pide que se igualen sus condiciones laborales con los permanentes en cuanto al resto de las condiciones laborales:  salario, uniformidad, procesos de incapacidad temporal, expedientes disciplinarios por comisión de delito doloso, etc.

 

-En cuarto lugar, entendemos que por todo lo antedicho, la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería debería estar derogada desde el año 2007 por ser contraria al Estatuto Básico del Empleado Público ya que incluso la propia Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (EBEP) (un año posterior a la Ley de Tropa) en su  Disposición derogatoria única, apartado g),  (y en el mismo sentido el EBEP del año 2015) decía y dice:

“Quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las siguientes disposiciones:

…………

  1. g) Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Estatuto

 

A modo ilustrativo portamos un ejemplo de lo que pedimos en nuestras demandas. Ni siquiera estamos pidiendo la indemnización alguna que le correspondería por la posible responsabilidad del Estado…

 

SE SOLICITA, sea admitido el presente escrito de alegaciones en el que se especifican los Derechos Fundamentales vulnerados mediante la Contratación temporal de mi mandante y  con respecto a su trabajador fijo comparable (el Militar de tropa y Marinería Permanente) y, asimismo, especificando cuantos hechos y fundamentos de derecho están vinculados a tal pretensión en relación a su prestación de servicios, se dicte Decreto señalando nueva fecha para la celebración de la vista,  permitiendo a esta  parte la aportación de cuantas pruebas a su derecho convengan y, en su día, conforme al derecho que nos concede el articulo 24 de nuestra CE, se declare competente y dicte Sentencia estimatoria en la que se reconozca a mi  demandante como Personal Laboral de la Administración Militar encuadrado en el Art. 8 c) y 11 del EBEP con una  relación temporal sin Causa Objetiva de temporalidad a los efectos de la Directiva1999/70 y por lo tanto realizada en fraude de Ley, con derecho a ser declarado indefinido de plantilla o fijo  y  con violación de Derechos fundamentales, y específicamente del Derecho de Igualdad de acceso al Empleo Publico y discriminación con respecto al militar de Tropa permanente, trabajador de su misma escala y al contrario que en su caso como Militar de Tropa temporal, con una relación de servicios concretada, es decir, asimilado a funcionario de Carrera, con el que se encuentra en una situación comparable según la normativa europea, y declarando por tanto  equiparación en los demás derechos laborales al MPTM de carácter permanente de las FAS.

 

10.- ¿Existen Militares Extranjeros entre los Miliares de tropa y Marinería española?

 

Si, entre estos Militares de tropa y Marinería temporales existen extranjeros, y no solamente comunitarios sino también extracomunitarios. Existen muchos hispanoamericanos, pero a éstos, y siempre que tengan residencia legal en España,  solo se les permite concatenar contratos iniciales y firmar en compromiso inicial (hasta 6 años)  pero no firmar el contrato o compromiso de duración hasta la edad de 45 años si no adquieren la nacionalidad española (Art. 11.3 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería).

 

Así, el Preámbulo de dicha Ley 8/2006 dice: “… A los ciudadanos extranjeros se les permite ampliar la duración de su relación de servicios con las Fuerzas Armadas hasta seis años. Con esta mayor permanencia se pretende darles más estabilidad y mejorar su grado de integración en la sociedad española.

El contenido de esta ley, al establecer un nuevo modelo de tropa y marinería, se adelanta a la necesaria reforma que exige la carrera del militar profesional, en la que se deberá adoptar un renovado diseño para adaptarla a las circunstancias y necesidades que se derivan de las exigencias actuales….”

 

El artículo 3.1 a)  en cuanto al Acceso y adquisición de la condición de militar profesional  de tropa y marinería establece, entre otros el requisito de “Poseer la nacionalidad española o ser nacional de los países que reglamentariamente se determinen de entre aquellos que mantienen con España especiales vínculos históricos, culturales y lingüísticos”

El apartado 2 de dicho Artículo 3 sigue diciendo:” Para el acceso de los extranjeros a militar profesional de tropa y marinería se exigirá, además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, encontrarse en España en situación de residencia legal”.

El Art 8.3 de dicha Ley sigue diciendo: “No podrán ser renovados los compromisos de aquellos extranjeros que hubieran perdido la condición de residente legal en España

 

Y el Art. 11.3 dice; “A los extranjeros que hayan solicitado la adquisición de la nacionalidad española y hayan cumplido los 6 años de servicios se les podrá ampliar el compromiso hasta un máximo de 3 años, sin que en ningún caso puedan suscribir el compromiso de larga duración hasta adquirir esta nacionalidad

 

La Nacionalidad por Residencia en España puede adquirirse tan solo con 2 años de Residencia legal en España, continuada e inmediatamente anterior a la petición cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes, según la Ley.

Por otra parte, en España existe, además,  otra forma de adquirir la nacionalidad española denominada adquisición por “Carta de Naturaleza”.

Esta forma de adquisición de la nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo. Será otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, (artículo 21.1 del Código Civil y artículo 223 del Reglamento de la Ley del Registro Civil), tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales (razones de interés público o humanitarias de carácter excepcional) que la justifiquen. La existencia de estas circunstancias excepcionales, mencionadas anteriormente, será juzgada por el Gobierno español para cada caso y de forma discrecional.

 

Entre los requisitos que se exigen para la  concesión de la Nacionalidad por “Carta de Naturaleza” están que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. (Jura de Bandera) que no es otra cosa que lo que realizan todos los Militares de Tropa y Marinería después del periodo de formación inicial y en virtud de lo cual adquieren la condición de militar (Art 7.1 de la Ley 39/2007 de la Carrera militar).

 

Además a los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, además, se les otorgaría la nacionalidad española sin necesidad de que renuncien a su anterior nacionalidad.  Dentro del plazo de los 180 días siguientes a su notificación debe comparecer el interesado ante funcionario competente y preceder a la inscripción  en el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado en España”.

 

La concesión de la nacionalidad española por residencia y por carta de naturaleza son competencia del Ministerio de Justicia (artículo 63 de la Ley del Registro Civil) y la solicitud para tramitarlas se hará conforme a lo señalado en los artículos 220 y 221 del Reglamento de la Ley del Registro Civil.

 

Por lo tanto,  Carta de Naturalezano implica, por tanto, cumplir determinados requisitos de residencia legal y continuada en España, ni la realización de exámenes previos, ni pago de tasas. Lo único que importa es que el Gobierno tenga determinado interés en que el solicitante sea español y la Jura de bandera.

 

Sin ser expertos en derecho de extranjería entendemos que el simple hecho de haber adquirido la condición de militar mediante la jura de bandera con todo lo que ello implica de jurar fidelidad al Rey, así como de guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y ello unido a que es requisito indispensable mantener la situación de Residencia legal en España durante esos 6 años que dura el compromiso inicial debería ser más que suficiente para que estos extranjeros, según la normativa española,  adquirieran automáticamente y por tales motivos la nacionalidad española y no tuvieran impedimento alguno para continuar su relación de servicios en igualdad de condiciones con los españoles de origen.

 

Por otra parte, tampoco se les admite en todos los destacamentos y muchos de ellos han muerto heroicamente por España pues todos estos destinos son puestos de primera línea de combate.

 

En favor de la naturaleza de relación jurídico-laboral de estos extranjeros que ingresan en las FAS españolas y que han de hacerlo en igualdad de condiciones que los demás MPTM temporales (“relación jurídico publica de carácter especial”), además, de todo lo anterior, hemos de decir que, tanto el Art. 57.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,  EBEP (Vigente hasta el 01 de Noviembre de 2015) y  posterior en un año a la Ley 8/2006 de tropa y marinería como el actual decía y dice  lo siguiente:

 

“1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas”.

2…

3…

  1. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles

 

Por lo tanto entendemos que este personal extranjero que ingresa en las Fuerzas Armadas españolas sufriría además de las discriminaciones que  han señalado para los españoles, la discriminación por razón de nacionalidad. Entendemos, por tanto, que los extranjeros  sufren las misma discriminación que los españoles tanto por la desigualdad de condiciones de acceso al Empleo público al no saber de qué naturaleza es su relación de servicios ( a pesar de lo preceptuado por el Art 57.4 del EBEP), como por la temporalidad de sus contratos pues esta temporalidad no tiene justificación objetiva al ocupar puestos en la de estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas como por las condiciones laborales de sus contratación con respecto a los MPTM permanentes.  Pero además de todo esto a todo ello se une otra discriminación por razones de nacionalidad que los lleva a no ocupar dichos puestos en las mismas condiciones que los españoles.

 

10- ¿Cuál es el porcentaje de militares de tropa retirados viviendo en la indigencia?

 

No existe una estadística  porque ni el Gobierno ni ninguna Organización la facilita, pero la realidad es que cada día existen más militares en esta situación según vayan cumpliendo la edad de 45 años y vayan siendo despedidos de las Fuerzas Armadas.

 

11- ¿Piensa defender los derechos de estos militares de tropa y marinería en las cortes europeas?

 

Por supuesto. Como ya hemos indicado, aparte de agotar las instancias españolas a lo que nos están obligando y  acudir a los Juzgados de lo Contencioso administrativo a los que nos están dirigiendo los Juzgados y Tribunales del Orden social, acudiremos en España a los poderes públicos que nos faltan (el poder legislativo, es decir al Congreso de los Diputados y al Senado) en ejercicio del derecho fundamental de petición para solicitarles cuantas peticiones y fundamentos jurídicos hemos expuesto aquí, de forma resumida, y también estamos estudiando la posibilidad de acudir a Instancias ( Parlamento Europeo) y Tribunales europeos (Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y Tribunal de Derechos humanos de la Unión Europea) en defensa de esta (entendemos) flagrante discriminación que afecta a un colectivo de 70.000 militares, y más aún de 70.000 familias en España.

 

1 Comentario

  1. Nota que vale la pena leerla completa! Se sabe de distintos casos como estos, y probablemente existan muchos más. Que bueno que existan efectivamente instituciones que se encarguen de investigar y abogar por estos casos, ya que esto se sabe que existe también en otros países, pero simplemente pasa desapercibido, afectando a una de las instituciones más representativas en muchos países.

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