Fraude marcario, terrorismo y lavado de activos

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PUEBLA (MÉXICO) 15/10/04.- Elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acompañados por personal de la Procuraduría (fiscalía) General de la Republica, irrumpieron el viernes 15 de octubre en la 'Feria de Ropa 2004' que se realiza en la ciudad de Puebla, 125 kilómetros de la capital mexicana como parte de un operativo contra la piratería de marcas y tráfico de ropa. EFE/Ulises Ruiz

Columna del Dr. Roberto Porcel, abogado en la República Argentina, especialista en Derecho Comercial y experto en temas relativos a la falsificación marcaria. Socio en el Estudio Doctores Porcel, fundado en 1921.

En el último informe elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos –Special Report 301– y que se liberara recientemente al público, la República Argentina fue listada entre las diez naciones que integran el ránking conocido como ‘Priority Watch List’. Sobra decir que ello no representa premio ni motivo de celebración alguno.

Antes bien, es el subproducto de la declarada falta de interés demostrada por el Gobierno Nacional en la lucha contra el flagelo de la falsificación marcaria. Analistas entendidos en la temática comparten la sensación de que aún no termina de asimilarse el grado de peligrosidad que encierra este delito de acción pública, por cuanto se presenta como financista de importancia de delitos más graves, como ser, el terrorismo, el tráfico de drogas y de armas, entre otros -y también es un notable facilitador del lavado de activos. A criterio de explorar la verdadera dimensión del problema, es menester repasar la historia reciente.

Comencemos por señalar que el fraude marcario es un delito moderno, que empieza a levantar vuelo en la década del noventa. Así las cosas, en 1993, la falsificación de marcas movilizaba en todo el mundo un aproximado de US$ 5.500 millones. Durante 2003, la cifra sería actualizada por los expertos en torno de los US$ 200 mil millones, superando hoy holgadamente los US$ 500 mil millones.

La numerología resulta harto elocuente, conforme pocos delitos resultan tan redituables para sus perpetradores y, al mismo tiempo, con tan escasa exposición en el Código Penal. En todo el globo -ya no solo en la Argentina-, el nivel de peligrosidad (penal y social) que encierra este delito suele ser ignorada. Para muchos, el solo acto de adquirir una remera, una cartera de mujer o zapatillas falsificadas no involucra gran importancia. Sin embargo, esto no es así.

Por principio, el producto en apariencia ‘inofensivo‘ que el consumidor adquiere, siempre es el fruto de una organización criminal que ha invertido ingentes cantidades de dinero como para producir y delinear su propia cadena de distribución y que, obviamente, es -a la postre- la beneficiaria final del manufacturado botín, y quien luego explotará esas utilidades o ganancias con inciertos objetivos.

Desde ya que cada eslabón de la cadena obtiene su recompensa, pero quienes más beneficiados resultan al final del día, son quienes regentean la organización. Un dato no menor es que, en el Special Report 301 estadounidense, se destaca -como uno de los factores más preocupantes a la hora de incluir a nuestro país en el ránking- el explosivo crecimiento registrado por feria conocida como La Salada.

A este respecto, es lícito recordar que, en el año 2005, dicha exposición movilizaba alrededor de AR$ 1.200 millones anualmente. En la actualidad, el número en operaciones diarias asciende a un monto ubicado entre AR$200 y AR$500 millones. Tras lo cual es factible advertir el crecimiento exponencial reportado por el ‘negocio‘ para sus verdaderos responsables.

Y la fórmula para el éxito no representa secreto ni novedad. Tan solo prestando la debida atención a la entrevista realizada a uno de sus responsables (el video puede accederse bajo estas líneas), surge que tanto la evasión impositiva como la falsificación de marcas son dos de las estrellas que brillan en esos predios.

En efecto: en la Argentina, los administradores o responsables de las operaciones llevadas a cabo en tales ferias parecieran no acusar responsabilidad civil ni penal alguna -llama severamente la atención el hecho de que clasificaciones penales como el encubrimiento y la verbigracia pasen tan desapercibidos.

Será hora de tomar consciencia, al nivel de las autoridades: en ferias como ‘La Salada’no se opera con tarjetas de crédito -todo se maneja en efectivo. Ergo, corresponde preguntarse hacia dónde se dirige ese dinero, quiénes están a cargo de controlarlo, y quiénes son sus destinatarios finales.

Sirve refrescar el dato, por lo voluminoso del mismo: se asiste a cifras de entre AR$ 200 AR$ 500 millones diarios, que representan hasta AR$ 1.500 millones semanales, y hasta AR$ 6 mil millones al mes (solo si la investigación se atiene a la comercialización de mercadería, propiamente dicha).

De manera complementaria, otro rubro no menos importante se desprende de la comercialización de prendas: el negocio inmobiliario dentro del perímetro ocupado por las ferias. Alquilar un espacio de cuatro metros cuadrados cuesta, aproximadamente, entre AR$ 25 mil y AR$ 50 mil por cada seis meses.

Adquirir el espacio, US$ 100 mil. Finalmente, y solo atendiendo al hecho de que conviven más de 8 mil puesteros -que administran ‘puestos oficiales’– y que se superan los 60 mil comercios (computando los que se posicionan sobre la calle, sobre las vías y junto al Riachuelo), se dimensionará en su justa medida la entidad de este fenómeno [ver referencia al pie de la nota].

A criterio de coronar esta descripción -y siempre retomando la historia-, recordemos que, en 2005, la totalidad de la actividad de la falsificación marcaria per se en el país movilizaba alrededor de los AR$ 15 mil millones, cifra que en aquel entonces representaba un aproximado de US$ 400 millones.

Es decir que se ha ‘progresado‘, y no precisamente para bien.

Desde luego que este correlato estadístico remite con exclusividad a La Salada; en tal sentido, corresponde replicar ese modelo por la cantidad de ferias que se han reproducido en años recientes, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el extenso territorio de la Provincia de Buenos Aires, y en el resto del país.

Contémplese en este marco el impacto de la venta callejera, y se obtendrá como resultado un compendio de cifras siderales, ciento por ciento facturado ‘en negro’ y sin que nadie conozca -particularmente desde el Estado Nacional- el destino final de las utilidades generadas por este comercio.

A posteriori, mucho más debiera preocupar la relación entre la falsificación de marcas y la miríada de delitos que se llevan a cabo alrededor de aquélla. En el reciente Informe sobre Terrorismo (edición 2013), difundido hace pocos días por el Departamento de Estado americano, se cita que el área conocida como la Triple Frontera (TBA) -compartida por la ArgentinaBrasil y el Paraguay– ‘continúa siendo un importante nexo regional de armas, narcóticos, tráfico de personas, falsificación, piratería y lavado de dinero’.

El citado informe destaca que todas estas actividades representan ‘fuentes potenciales de financiamiento’ para organizaciones terroristas. Conforme analizado en profundidad por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América, una vez más cobran notoriedad la piratería y la falsificación como fuentes fundamentales en el financiamiento de actividades terroristas, en virtud de que no existe control estatal alguno sobre tales fondos.

No hace mucho tiempo atrás, los medios de comunicación nacionales reflejaban la idea de replicar esta clase de ferias en la Provincia de Misiones, precisamente en el área de la Triple Frontera.

Servicios de información de terceros países estiman que la presencia de centros con características de ‘La Salada’ en la frontera compartida representan un peligro potencial de seguridad.

Mientras tanto, el gobierno argentino no solo evita combatir esta modalidad fraudulenta del comercio, sino que la celebra y le obsequia impulso. Así se comprobó con el ex funcionario Guillermo Moreno, en ocasión de extender invitaciones a los responsables de las ferias para que formasen parte de las delegaciones oficiales de la República Argentina durante sus traslados al exterior.

La mismísima Presidente de la Nación ha hecho declaraciones públicas que sería imposible no categorizar como apología de pro de estas ferias ilegales; tal como lo hiciera durante su periplo en Angola, haciendo la apología de estas ferias.

Sin lugar a dudas, es difícil hallar una explicación racional -a no ser que se parta desde el absurdo- para la cerrada defensa hecha desde lo más alto del Gobierno Nacional de personas que se ufanan en evadir impuestos, falsificar marcas y sobornar a agentes de policía (y, por qué no presuponerlo, tal vez a personajes más encumbrados). 

En lo que se asemejó notablemente a uno de los más coloridos capítulos de la serie americana ‘House of Cards’, recientemente, uno de los protagonistas del comercio de productos falsificados acusó al entonces aspirante a Diputado Nacional por el partido oficialista, Frente Para la Victoria, de ser valijero o recolector de sobornos del juego clandestino, en tiempos en que se desempeñaba como funcionarios de la previa gestión municipal en su distrito (http://www.urgente24.com/218272-insaurralde-era-maletero-del-juego-clandestino).

Por desgracia, la realidad descripta en estas líneas no remite a la ficción. Se trata, ni más ni menos, de lo que sucede en torno de la falsificación de marcas y la piratería en nuestro país.

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Referencias

Country Reports on Terrorism (2013), Department of State: http://1.usa.gov/1olp53e
Office of the United States Trade Representativehttp://1.usa.gov/1mx7iJH
Los números de La Salada, en http://bit.ly/1g48axb

Nueva ‘Salada’ en la Triple Frontera, en http://bit.ly/1lTAxUi
Guillermo Moreno: ‘La Salada es un ejemplo’, en http://bit.ly/1nfP0Mn
Apología del delito, en http://bit.ly/1fLgJC8
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Columna publicada en El Ojo Digital el 6 de mayo de 2014 y reproducida con autorización de dicha fuente

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