San Salvador, 12 ago.- El Gobierno de El Salvador puso en marcha en enero de 2012 una polémica tregua entre pandillas, admitió ante un juez el entonces ministro de Seguridad y actual titular de Defensa, David Munguía Payés, quien rompió así la versión oficial de que el proceso solo fue “acompañado” por la Administración de Mauricio Funes (2009-2014).

Munguía Payés llegó este jueves a testificar en el juicio que enfrentan 18 personas, entre ellos mandos policiales, exdirectores de cárceles y un mediador, por los beneficios que supuestamente recibieron los pandilleros encarcelados durante la tregua (2012-2014).

La versión oficial reza que la tregua tuvo su génesis en marzo de 2012 y que una vez comenzó a dar resultados, principalmente una baja sensible en los asesinatos, fue “acompañada” y recibió el “seguimiento” gubernamental.

En el interrogatorio, que se alargó por más de hora y media, el general relató que a inicios de enero de 2012 el principal mediador del armisticio, el exguerrillero y exdiputado de izquierda Raúl Mijango, le propuso “un plan de pacificación”, y que lo consultó con el presidente, quien le dio su venia.

Al ser preguntado por los fiscales sobre la instancia del Gobierno en la que “fue creado el proceso de pacificación” o tregua el militar sostuvo que “inició en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Gabinete de Seguridad”.

Por otra parte, Munguía Payés apuntó que por orden de Funes, actualmente asilado en Nicaragua, la tregua se convirtió en una “política de gobierno” y que se mandó a las diferentes instancias a “facilitar” el proceso.

“Actuamos de buena fe” y “todas las acciones se tomaron de acuerdo a la ley y eso no lo considero un beneficio”, acotó el uniformado en respuesta a los señalamientos de que los pandilleros encarcelados recibieron prebendas por la tregua.

Destacó que con el armisticio no solo se redujeron las muertes violentas, sino que las pandillas entregaron armas e “ilícitos” ocultos en las prisiones, a las que según informes de la prensa local ingresaron electrodomésticos, teléfonos, prostitutas y se organizaron fiestas durante el pacto de no agresión.

El pasado 7 de agosto, cuando se instaló el juicio, el obispo castrense salvadoreño y mediador en los primeros meses, Fabio Colindres, arrojó nuevas luces sobre la tregua al señalar que se inició por “invitación” de Munguía Payés.

Otra revelación surgida en este juicio se dio por parte de un testigo protegido y líder de la pandillas Barrio 18, quien aseguró que los dos principales partidos políticos del país dieron 350.000 dólares a las “maras” a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2014.

El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13), que EE.UU. busca eliminar, y el Barrio 18, que suman unos 60.000 miembros y son acusadas de las altas cifras de asesinatos que ponen al país centroamericano entre los más mortíferos del mundo.

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