Guatemala, 12 oct.- El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, pidió unir esfuerzos para luchar contra las redes político-económicas ilícitas que siguen cooptando al Estado, con límites de impunidad de más del 90%, a pesar de que su continuidad en el país vuelve a peligrar.

El mismo día en el que se conoció que la Cancillería guatemalteca revocaba la visa del colombiano por supuestos errores de forma a la hora de solicitarla, Velásquez, visiblemente emocionado, hacía un llamamiento a todos los poderes del Estado, a la sociedad y a los medios de comunicación para no cesar en el empeño de un mejor país.

“En las condiciones actuales resulta ser un acto tan emocionante, tan profundamente emocionante, que pueden tener ustedes la certeza que siempre perdurará en mi mente y en mi corazón”, dijo el abogado colombiano al inicio de su discurso, tras una efusiva ovación del público, entre el que no estaba el presidente Jimmy Morales.

Con motivo de la presentación del décimo informe de labores de la Cicig, creada en 2007 por la ONU a petición de Guatemala, Velásquez, abogó por “una prensa y sociedad vigilantes y activas”.

“Son la garantía de que la erradicación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) sea una realidad y no se permita una reaparición”, resumió el jurista.

Asimismo, apeló a la “democracia viva, la democracia en acción”, para que siga contribuyendo a una lucha que les permita “vivir en dignidad”, en donde se respeten sus derechos.

Velásquez recordó, como lo había hecho en años anteriores, que el Estado tiene “una deuda pendiente con la Justicia, que debe saldar “con urgencia si es que de verdad se quiere luchar en serio contra la impunidad”, que en el año 2008 alcanzaba el 96,40 % y en 2016 en el 90,87, lo que supone una reducción promedio anual del 0,7 %.

Esta cifra, explicó, sigue dejando en evidencia esa obligación no cumplida del Estado que requiere de una transformación más profunda, de políticas y leyes, por lo que hizo especial énfasis en el acuerdo que da vida a la Cicig, donde se reconoce su capacidad de impulsar y apoyar políticas públicas en favor de la Justicia, fuertemente criticadas por el presidente.

Y es que este punto tiene “especial significado”, prosiguió diciendo, pues la erradicación de los Ciacs no podrá lograrse efectivamente si no se hacen reformas profundas como los procesos de selección de autoridades judiciales, la ley del servicio civil, de amparo, de contrataciones del Estado o las reformas judiciales, que aún no han sido aprobadas.

“La transformación normativa y la adopción de política públicas poco contribuirán a erradicar las redes político económicas ilícitas que se han apoderado del Estado (…) sino se cumplen otras acciones fundamentales”, resumió el comisionado, que avanzó que ha pedido de nuevo su visa y que espera que no existan complicaciones.

Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a Efe que hubo un error administrativo que se espera solventar cuánto antes para que Velásquez pueda seguir desarrollando su trabajo con normalidad, pues su visa expira el próximo 18 de octubre.

Durante la presentación del informe, la fiscal general, Thelma Aldana, recordó que los esfuerzos realizados por la Cicig y el comisionado, los cuáles agradeció, están a la vista y dijo que la sociedad necesita “construir su futuro con una base de principios y valores” y un sistema judicial independiente que vele por sus derechos y garantice igualdad y oportunidades.

“La lucha contra la impunidad y corrupción nos ha cambiado, nuestro país merece que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Con determinación y principios para avanzar y consolidar el Estado de derecho. Es momento de trabajar juntos por la justicia y bien común”, resumió la jefe del Ministerio Público (MP).

Desde 2015, la Cicig y el MP han emprendido una cruzada contra la corrupción y han desarticulado más de una docena de casos que involucran a exmiembros del Ejecutivo y a familiares del presidente actual, que el pasado mes de agosto intentó sin éxito expulsar a Velásquez del país por considerar que se extralimitaba en sus funciones.

A raíz de ello, Morales pidió a la ONU en septiembre una revisión del mandato de la Cicig e invocó el artículo 12 del convenio de creación para solucionar las controversias relacionadas con la aplicación de sus funciones a través de una negociación y un diálogo del que aún no se conocen detalles.

 

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