Ante la exposición de motivos y la argumentación jurídica realizada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz los magistrados llegaron a la determinación de girar hasta una orden de captura en contra el Presidente de Venezuela. Desde el exilio, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordaron que sí había méritos suficientes para emprender un juicio en contra de Nicolás Maduro, con el fin de desalojarlo del poder. Esta acción emprendida por el TSJ legítimo, el cual fue designado por la Asamblea Nacional y enviado al exilio.

Es un duro golpe para un gobierno que viene perdiendo batallas en el aspecto político internacional. Ahora bien, cómo se come esto. Tiene validez o efectividad cómo perjudica al régimen este dictamen de un ente que se encuentra expatriado y la respuesta es un total  contundente sí. Claro que la sentencia del TSJ legítimo tiene validez, la cual será reforzada con el acuerdo que debe salir de la Asamblea Nacional en los próximos días; su declaratoria puede ser acatada en cualquier momento y por cualquier ente del orden público.

No obstante, que inventará el Gobierno. Es obvio que desde Miraflores no se quedarán con los brazos cruzados; con suma seguridad despreciarán y minimizarán la acción de los magistrados expatriados y buscarán la forman de regresarles el favor. Es decir, un funcionario del CICPC o de la Policía Nacional puede aprehender al Jefe del Estado porque el TSJ dictó orden de captura en su contra. Inclusive, un grupo élite de Interpol pudiese detenerlo de un momento a otro.

Maduro no cederá ante las presiones del TSJ, aunque debe estar consciente que esta resolución judicial desde el exilio será apoyada por la inmensa mayoría de los países Latinoamericanos y de Europa. Al régimen se le están cerrando las vías de escape y de solución a su crisis de poder; cada vez tienen menos aliados en el mundo, y sufren la imposibilidad del margen de maniobra económica como lo poseían en otros tiempos. El marco económico, las sanciones contra los funcionarios, las listas de corruptos y violadores de los Derechos Humanos.

El juicio contra Maduro es una estrategia que deslegitima su poder y da justificación a cualquier expresión de cambio o salida a la crisis, debido que se concebiría la estadía de aquél en el coroto como ilegal e ilegítima, lo que constituye una violación permanente a los valores de la Constitución nacional.

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