Montevideo, 18 may.- La Fiscalía uruguaya presentó un proyecto de ley que propone algunas modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) aprobado en 2014 y cuya puesta en marcha está prevista para el próximo 16 de julio, recogieron varios medios locales.

En una nota enviada a la ministra de Educación uruguaya, María Julia Muñoz, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, afirmó que el nuevo CPP presenta “inconsistencias” que “generarán dificultades de funcionamiento” una vez se ponga en práctica.

A su vez, Díaz subrayó en su carta que las modificaciones apuntan a consolidar un “sistema verdaderamente acusatorio” y así evitar retrocesos al anterior sistema, de carácter inquisitivo.

Entre otras cosas, la Fiscalía propuso unificar el sistema de adultos y adolescentes, ya que considera “inadmisible consagrar un sistema más garantista para los adultos acusados de cometer un delito que para los adolescentes imputados”, según recoge la misiva.

A su vez, el fiscal señaló que en la investigación a crímenes perpetrados por adultos y menores se generarán dificultades y “una dilapidación de recursos materiales”, ya que deberá actuar en forma conjunta un juez de adolescentes y un fiscal penal.

Otro de los puntos centrales en el anteproyecto presentado por Díaz es la derogación de la libertad condicional que, sostuvo, “genera impunidad” ya que se establece un régimen por el cual los procesados quedan muchas veces exentos de ir a prisión.

El fiscal Gustavo Zubía afirmó en declaraciones publicadas por el diario local El País que en el nuevo CPP se sumó “la libertad del (sistema) inquisitivo más la libertad del (sistema) acusatorio” con la consecuencia de que si se aplica eso “los delincuentes tienen el 95 % de probabilidad de no quedar nunca presos”.

El anteproyecto establece además un sistema de doble juez, donde un magistrado interviene en la audiencia previa y otro en el juicio oral, en miras de asegurar “la imparcialidad objetiva de los jueces”.

La Fiscalía propuso también eliminar el careo como medio de prueba, ya que “constituye un medio poco confiable donde la personalidad más fuerte puede imponerse a la otra, de lo cual no puede inferirse la verdad de un hecho”.

En su carta, remitida el pasado 12 de mayo, el fiscal solicita una prórroga hasta noviembre en la reglamentación del nuevo Código, prevista para el día 16 de julio.

La Suprema Corte de Justicia uruguaya se manifestó contraria a aplazar la aplicación del CPP, al que considera una “herramienta fundamental” para la protección de los derechos humanos en el país.

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