Los Ángeles, 19 sep.- El grave problema de la falta de vivienda asequible en California, donde el precio promedio de vivienda es cerca de tres veces el del promedio nacional, tratará de ser aliviado con un nuevo paquete de medidas legislativas.

Un análisis presentado este mes por la Oficina de Análisis Legislativo y la inmobiliaria Zillow calculó que el costo promedio de una vivienda en California, que se eleva a más de medio millón de dólares, es casi el triple del promedio en el país.

Según la Tesorería de California, “una tercera parte de los arrendatarios en California gastan más de la mitad de sus ingresos mensuales en vivienda”.

El índice actual de dueños de vivienda en California es el más bajo desde la Segunda Guerra Mundial, según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, que calcula que se necesitarán 1,8 millones de nuevas unidades de vivienda para 2025.

Para atajar esta situación, se enviaron al gobernador, Jerry Brown, más de una docena de leyes que incluyen una nueva tarifa para todas las transacciones inmobiliarias, requerimientos para incluir vivienda económica en los nuevos proyectos de construcción y un fondo multimillonario para financiación de vivienda.

“Aunque no es una solución definitiva, creo que se trata de un avance para controlar la incertidumbre en el mercado”, opinó en declaraciones a Efe Rod Ramcharan, investigador de la Universidad del Sur de California.

Según el analista, toda legislación que ayude a ofrecer más garantías tanto para constructores como para compradores favorece el desarrollo de los proyectos y tiene una influencia favorable en la disminución de los costos.

Se espera que las leyes, que cuentan con el respaldo de Brown, generen la construcción de 70.000 viviendas asequibles en el Estado Dorado.

“Para millones de personas es casi que imposible comprar una casa o incluso encontrar un apartamento que puedan pagar”, aseguró el gobernador en un comunicado dado a conocer este fin de semana.

“Estas 15 leyes estimularán la construcción de más viviendas y aumentarán el número de californianos que puedan realmente comprar o arrendar”, auguró Brown.

Para Mark Vallianatos, cofundador de Vivienda Abundante LA, las medidas aprobadas por los legisladores ayudarán a estimular nuevos desarrollos de vivienda “indispensables en Los Ángeles y en California”.

La organización que “defiende un futuro donde cualquier persona que quiera vivir en Los Ángeles puede encontrar vivienda a un precio razonable”, considera que el paquete de medidas “ayuda a ofrecer nuevas viviendas que sean más asequibles”, según información enviada a Efe.

Durante el proceso de análisis, los legisladores destacaron la gravedad de la crisis que sufre California.

“Estamos viviendo la peor crisis de vivienda que nuestro estado haya experimentado”, aseguró el legislador David Chiu, presidente del Comité de vivienda de la Asamblea.

La ley SB3 del asambleísta Jim Beall, de San José, establece un préstamo de 4.000 millones de dólares para vivienda costeable -incluidos 1.000 millones para vivienda de veteranos- que sería sometido a aprobación de los votantes en noviembre 2018.

Por su parte, la SB2 de la senadora Tony Atkins, de San Diego establece un costo de 75 dólares por cada transacción relacionada con la propiedad de una vivienda, incluida la refinanciación de un préstamo, hasta un máximo de 225 dólares.

Esta medida, que generaría entre 229 y 258 millones de dólares al año, según el análisis del Comité de Apropiaciones del Senado, encontró la oposición de la bancada republicana de ese cuerpo legislativo aunque logró la aprobación por el respaldo demócrata.

Según argumentó el senador de Costa Mesa John Moorlach durante el debate, la medida crea un impuesto a “aquellos que tienen dificultades aún para pagar una cuota inicial” de una vivienda.

La iniciativa SB35, del senador de San Francisco Scott Wiener, busca agilizar el proceso de aprobación de algunos proyectos al eliminar las revisiones ambientales y de planeamiento.

Las medidas SB166 de la senadora del Este de la Bahía Nancy Skinner requiere que las ciudades y los condados establezcan “suficientes sitios para desarrollo potencial” para proyectos habitacionales.

De igual forma, la SB167 -también de Skinner- hace más difícil bloquear los proyectos propuestos a las ciudades que no están cumpliendo las metas de aprobación de nuevos desarrollos.

 

 

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