La reciente detención por presunta corrupción de seis funcionarios de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, abre una discusión sobre lo que puede estar sucediendo en la empresa más importante del país, prácticamente nuestra única fuente de ingresos como nación.

Más allá de lo que puedan arrojar estas investigaciones a los implicados, cabe tomar el momento como el adecuado para hacer un llamado a tomarnos muy pero muy en serio a esta empresa, que, dado lo medular que es para nuestra supervivencia, debe ser administrada rigurosamente y con criterios de la más absoluta excelencia, con el fin de poder confiar en ella como pilar fundamental de la economía nacional.

Los funcionarios señalados habrían renegociado las deudas de Citgo en condiciones adversas a los intereses nacionales, colocando sus activos en Estados Unidos como garantía. Adicionalmente, la versión oficial ha dado a conocer que el intermediario de la negociación obtuvo un beneficio del cinco por ciento del monto refinanciado, también en detrimento del patrimonio venezolano.

Este es una situación que apenas se inicia y por lo mismo, falta mucho por saber al respecto. Sin embargo, cabe preguntarse cuántos desatinos administrativos se estarán cometiendo puertas adentro de lo que muchos han dado en llamar “La gallina de los huevos de oro” de Venezuela, y eso es también extrapolable a toda la administración pública en momentos en los que la economía nacional está atravesando por una etapa extremadamente delicada.

Este caso sale a la luz pública en medio de una anunciada cruzada anticorrupción que ya ha implicado a unos cincuenta funcionarios al momento de escribir estas líneas. No queda más que otorgar el beneficio de la duda a esta iniciativa, ya que, visto el avasallante poder que ha ostentado el oficialismo en estos años, no hay otra manera de atajar estos males y otros tantos, que no sea una rigurosa autorrevisión y acciones que vengan desde el mismo seno gubernamental.

Una situación tan delicada, requiere de pluralidad para ser manejada, en principio porque todos los venezolanos merecemos por derecho tener representantes que nos rindan cuentas de estos casos, visto que todos, por el simple hecho de ser venezolanos, somos accionistas de Pdvsa, así como de toda la administración pública nacional. Quizá este sea el momento y circunstancia, no solamente para sanear la administración pública nacional, sino también para ordenarla y para entregar cuentas de su manejo a todos los venezolanos.

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