Tucson (AZ), 12 sep.- La junta de regentes de las Universidades Públicas de Arizona urgieron al Congreso a impulsar una legislación federal que otorgue un estatus migratorio estable a los jóvenes indocumentados amparados bajo la Acción Diferida (DACA).

Durante una sesión especial, la junta de regentes analizó la demanda del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, en contra de la junta de regentes, a quienes acusa de violar la ley estatal por otorgar colegiaturas como residentes a los estudiantes beneficiados con DACA.

En la demanda presentada el pasado viernes, Brnovich también acusa a los regentes de incrementar hasta en un 300 % las colegiaturas en las tres universidades públicas de Arizona desde el 2003.

La demanda se presenta días después de que la Administración del presidente Donald Trump anunciara la eliminación de DACA y diera un plazo de seis meses al Congreso para buscar una solución legislativa que otorgue finalmente un estatus migratorio a los “soñadores”.

“Por mucho tiempo la junta de regentes hemos pedido al presidente Trump y al Congreso aprobar una legislación federal que permita a los jóvenes con DACA continuar con su vida en este país y continua con sus estudios sin ningún temor”, dijo a Efe Eileen Klein, presidenta de la junta.

Indicó que no es ninguna “sorpresa” la demanda interpuesta por Brnovich y aseguró que apoya cualquier tipo de legislación que permita a los “soñadores” continuar con su educación superior.

“Los regentes queremos que todos nuestros estudiantes tengan éxito, nosotros solo podemos tratar de darles acceso a los jóvenes a una educación, pero al final no podemos solucionar este problema migratorio”, agrego Klein.

La presidenta de los regentes indicó que por muchos años se ha esperado una respuesta por parte del Congreso y que ahora existe una mayor urgencia para otorgarles una solución permanente.

Aseguró que será una “pérdida tremenda” si los jóvenes con DACA no pueden terminar sus estudios.

De acuerdo a cifras estatales el 40 % de los estudiantes en escuelas públicas en Arizona son de origen latino y se estima que alrededor de 300 estudiantes con DACA están actualmente inscritos en las tres universidades publicas de Arizona.

Críticos de la demanda consideran que solo es una “táctica” de Brnovich para acaparar la atención de los medios de comunicación.

Consideran que con su argumento de que las universidades han aumentado tanto sus tarifas que están fallando en otorgar colegiaturas accesibles para todos trata de ocultar su verdadero objetivo, los estudiantes protegidos con DACA.

“No entendemos por qué el estado de Arizona continúa estos ataques en contra de los soñadores, precisamente ahora si ya sabemos que DACA dentro de seis meses dejará existir”, dijo a Efe Karina Ruiz, directora de la Coalición de Acta Sueño en Arizona.

El estado de Arizona argumenta que las universidades públicas y los colegios comunitarios están violando una ley estatal aprobada por los votantes en 2006, que niega a los estudiantes indocumentados la posibilidad de pagar colegiaturas como residentes del estado.

“Es despreciable que estén atacando jóvenes que solo quieren superarse, en este plazo de dos años que el Gobierno federal está otorgando a algunos jóvenes protegidos por DACA, estos podrían tener la oportunidad de terminar sus carreras, de obtener una licenciatura”, enfatizó Ruiz.

En respuesta a las acusaciones del fiscal general estatal de que las universidades públicas incrementan sin control alguno las colegiaturas para sus estudiantes, la activista considera que la única razón por estos incrementos son los recortes presupuestales que han afectado a estas instituciones.

“Es frustrante que tratan de cerrarnos todos los caminos, un país que asegura valorar la educación y las ansias de superación, ahora nos las niega a nosotros”, dijo a Efe Manuel Santos, estudiante de la Universidad del Estado de Arizona (ASU).

Amparado por el momento bajo el programa de DACA, Santos sigue tomando clases en ASU, pero es consiente que ahora su tiempo se ha “reducido” para terminar una carrera.

“Mi permiso de trabajo termina en un año y medio y voy a tratar de aprovechar este tiempo para tomar el mayor número de clases mientras aún se me permita pagar como residente”, dijo.

 

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