Bangkok, 12 mar.- Amnistía Internacional (AI) denunció la creciente militarización del estado birmano Rakáin en el oeste del país, de donde han huido unas 688.000 personas de la minoría musulmana rohinyá a raíz de las operaciones del Ejército.

Según la organización, las fuerzas de seguridad están construyendo bases en la región y derribando con excavadoras todos los edificios de los poblados previamente habitados por los rohinyás, ahora refugiados en Bangladés.

En un informe, titulado “Reconstruyendo el estado Rakáin”, AI reveló a través de testigos, análisis de expertos e imágenes tomadas por satélite el avance del proceso de edificación realizado por los militares, y que se intensificó en enero.

Al menos tres nuevos campamentos militares han sido establecidos en el norte de la región, donde habitaban los rohinyá.

El grueso del éxodo rohinyá comenzó tras el asalto de un grupo insurgente de esta minoría el pasado 25 de agosto, que provocó una violenta respuesta del Ejército, acusado de cometer todo tipo de abusos, incluidas ejecuciones, violaciones y quema de casas.

Unos 6.700 rohinyá habría muerto durante la campaña de represalia militar, según Médicos sin Fronteras.

La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado numerosas veces que existen pruebas claras sobre los abusos y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de “limpieza étnica” y ha afirmado que hay indicios de “genocidio”.

Las nuevas construcciones en Rakáin, donde se estima que vivían cerca de un millón de rohinyás hasta 2016, hace más difícil que los refugiados puedan volver a sus hogares, señaló AI.

“Lo que estamos viendo en Rakáin es una apropiación de tierras por los militares de una escala dramática. Nuevas bases han sido erigidas para albergar a las mismas fuerzas de seguridad que han cometido los crímenes contra la humanidad contra los rohinyá”, apuntó Tirana Hassa, directora de AI para Respuesta a Crisis.

A pesar de que las operaciones militares han disminuido, la campaña para expulsar a los rohinyá de Birmania y asegurar de que no regresen continúa, remarcó AI.

Los trabajos de limpieza sobre el terreno realizados por los militares con la ayuda de maquinaria pesada han dejado un páramo en zonas antes pobladas por miembros de esta minoría étnica de fe islámica y frondosa vegetación.

Estas labores, según AI, dificultan futuras investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos por la destrucción de posibles pruebas.

“Las autoridades birmanas están borrando evidencias de crímenes contra la humanidad, haciendo extremadamente difícil cualquier tentativa para que los responsables rindan cuentas (con la justicia) (…) Esto hace que el regreso voluntario, seguro y digno de los rohinyá esté aún más lejos”, dijo Tirana.

Bangladés y Birmania firmaron un acuerdo para comenzar a repatriar a los refugiados a finales de enero pero que Daca suspendió a última hora.

El Ejército birmano ha negado los abusos, aunque el pasado mes de enero reconoció un caso de asesinatos extrajudiciales de rohinyás a los que enterraron en una fosa común, en septiembre de 2017.

Birmania no reconoce la ciudadanía a los rohinyá, a los que considera inmigrantes bengalíes, y les somete desde hace años a todo tipo de discriminaciones, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.

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