Baluartelex presenta ante el Parlamento español 35 peticiones

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Un total de 35 Militares temporales españoles, representados por, la directora técnica del despacho “Baluartelex”, Doña Mª Dolores Sánchez-Cañete Liñán, acaba de presentar ante las Cortes Generales de España un total de 35 peticiones de derogación de las dos leyes que actualmente regulan la “profesión militar”.

En efecto, con entrada en el Registro del Congreso y del Senado los días 8 y 7 de este mes de Agosto de 2018, la abogada, ha presentado y firmado las peticiones individuales de estos militares en ejercicio de su DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, al amparo de los artículos 29.2 y 77 de la Constitución española (CE), pidiendo la derogación de la Ley 8/2006, de 24 de abril de Tropa y Marinería, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar así como de la normativa de desarrollo de ambas leyes, por entender que amparan la discriminación y el fraude de Ley en las contrataciones de los Militares temporales españoles. Además, en virtud del  artículo 8. 2 de la Carta Magna, se pide la promulgación de una única Ley orgánica integradora de la Carrera militar que regule a toda la profesión militar sin hacer distinciones entre militares con vinculación permanente y los militares con vinculación temporal.

Los 35 escritos de petición pertenecen a Militares profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) temporal  de los tres ejércitos (la Armada, Tierra y Aire), un Oficial de Complemento, y a un Reservista de Especial Disponibilidad (RED).

En los 44 folios de los que consta cada escrito se exponen los hechos y fundamentos jurídicos que se han considerado para la realización de tales peticiones y que consisten, fundamentalmente, en las siguientes alegaciones:

1.-  El Art 8.2 de la CE dice que Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Actualmente existen dos Leyes ordinarias (no orgánicas) que regulan la “Profesión Militar” y la organización militar en cuanto a su personal; la Ley 8/2006 que se aplica a los Militares con vinculación temporal a la Administración Militar (Militares de tropa y Marinería Temporal y Oficiales de Complemento)  y la Ley 39/2007 que se aplica a los Militares con vinculación permanente, llamados Militares de Carrera. Se entiende que en este sentido, ambas leyes no son conformes a los principios de la Constitución.

 

2.- La Organización militar, como poder público, tiene la obligación de acatar la Constitución. El  militar jura bandera (Art. 7 de la Ley 39/2007 y LO 9/2011) y en su juramento jura “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. Según el Art. 8.2 CE la organización militar se regulará conforme a los principios de la presente Constitución. Según el Art. 9 CE los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y les corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Según el Art. 10.2 CE  las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

 

Los Artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, indican que: Los miembros de las Fuerzas Armadas son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin otros límites en su ejercicio que los establecidos en la propia Constitución, y que, en las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

 

3.- La vinculación jurídica de los militares temporales llamada por la Ley 8/2006 “relación jurídico pública de carácter especial” que se establece mediante la concatenación de “compromisos” o contratos, no está permitida por la Constitución española (CE) ni existe en el resto del ordenamiento Jurídico español que establece un sistema bipolar a la hora de la vinculación laboral con las Administraciones Publicas, o bien como personal funcionario o bien como personal laboral. Ello es avalado, asimismo por la Jurisprudencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo español.

 

4.- Dicha relación jurídico pública (de “carácter especial”) que establece específicamente la Ley 8/2006 no está ni desarrollada, ni encuadrada dentro de la categorías de Empleados Públicos que establece el  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP de 2015),  ni  tampoco lo estaba en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP de 2007).

 

5.- Los militares permanentes (regulados por La Ley 39/2007) sí tienen definida su vinculación con la Administración militar y con las Fuerzas Armadas (FAS) como Militares de Carrera, asimilados a funcionarios de carrera por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por tanto, su relación jurídica (relación jurídico pública sin el carácter de “especial”) sí que está determinada jurídicamente dentro de las categorías de Empleados Públicos que establece el EBEP. La indeterminación de la relación jurídico pública de carácter especial” de los militares temporales (Tropa y Marinería temporal y Oficiales de Complemento) con la Administración amparada por la Ley 8/2006 constituye, de este modo, la primera y principal causa de discriminación que sufren con respecto a los militares permanentes (Tropa y Marinería permanente y oficiales permanentes) su trabajador fijo comparable a efectos de lo regulado el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999  que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE en cuanto a la discriminación y al uso abusivo de la contratación temporal.

 

6.- El hecho de que estos determinados trabajadores de una Administración Pública española (militares de una misma escala) con puestos de trabajo, funciones y cometidos idénticos estén regulados por dos leyes distintas; la Ley 8/2006 y la Ley 39/2007, según tengan carácter temporal o permanente respectivamente, no tiene justificación jurídica alguna y sería contrario al Derecho Fundamental de Igualdad ante la Ley del Art 14 de la Constitución española (CE)  y su concreción en el Art 23.2 de la CE como derecho de acceso en condiciones de igualdad a empleos y cargos públicos. Por lo tanto, no tiene sentido, ni justificación objetiva, que trabajadores de una misma escala, que una misma “profesión militar” esté regulada por dos leyes distintas, o por dos estatutos distintos como pretende defender el Ministerio de Defensa.

 

7.- La propia Ley 39/2007 reconoce en su articulado que tanto estos militares temporales como los militares permanentes constituyen una misma y única escala y que  ocupan idénticos puestos estructurales, necesarios permanentemente. La razón o justificación genérica para la contratación y reclutamiento de TODOS los militares profesionales temporales por la Administración Militar es “satisfacer las necesidades de militares profesionales derivadas del planeamiento de la defensa militar”. Necesidades de planeamiento” de la empleadora que no están justificadas específicamente, y que dependen de unos determinados Presupuestos económicos (Arts. 2. 1 de la Ley 8/2006  de Tropa y Marinería  y 16. 4, 18 y 20 de la Ley 39/2007). Por tanto el reclutamiento o contratación de estos  militares temporales no obedece a  razones de urgencia y necesidad. Además, si la justificación de incorporar a las FAS a los militares temporales lo fuera por razones de necesidad y urgencia, no estaría justificado celebrar un contrato/compromiso, renovándolo sucesivamente, con una fecha de cese determinada.

 

Así pues, no está justificada la temporalidad de la relación de servicios de estos militares hasta cumplir la edad de 45 años con respecto a la  Tropa y Marinería permanente a la que se le permite permanecer hasta  la edad de 58 años como tampoco está justificada  la relación de servicios temporal de los oficiales de complemento, hasta cumplir la  misma edad de 45 años, con respecto al oficial permanente al que se le permite permanecer como Oficial hasta  la edad de 61 años (Art. 113.4 de la Ley 39/2007).

 

En este sentido, la Ley 8/2006 como la Ley 39/2007 permiten y amparan la discriminación por edad, al fijar, arbitrariamente el despido o cese de la relación de servicios por el hecho de cumplir 45 años sin que exista, tampoco, justificación objetiva para ello, más aún, cuando a “una parte” de la Tropa y Marinería se le permite permanecer en las FAS hasta la edad de 58 años ocupando puestos o funciones logísticas y de apoyo a la Fuerza y recibiendo la formación que para ello se requiera (Art. 12 de la Ley 8/2006). Lo mismo ocurre en el caso de los Oficiales  temporales, o de Complemento, con respecto a los Oficiales permanentes que ocupan idénticas funciones propias de los militares de carrera asimilados a  funcionarios de carrera. La Ley 17/1999 de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas,  en su Art. 2.3 definía qué son los oficiales de complemento:” Son militares de complemento los Oficiales que, con una relación de servicios de carácter temporal, completan las plantillas de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas”.

 

A parte de lo anterior, la discriminación por edad se reafirma cuando existe la figura del Reservista de especial disponibilidad (RED) (Art. 17 y siguientes de la Ley 8/2006) creado para que se acojan  aquellos Militares temporales que no han tenido acceso a la permanencia antes de cumplir los 45 años, por lo que son despedidos, o rescindidos sus contratos de servicio activo pero curiosamente a los que “se les ofrece la opción” de seguir vinculados a la Administración Militar, como RED, fuera del servicio activo pero manteniéndose en una situación de disponibilidad por si fueren necesarios al ejército  hasta que cumplan los 65 años de edad a cambio de una asignación económica. Esta situación además de discriminatoria carece de toda lógica. El Contrato de RED no sería más que una nueva concatenación contractual fraudulenta y por tanto sus despidos del servicio activo serían nulos. En el caso de los RED, se estaría ante un despido encubierto pues existe un nuevo compromiso, una nueva concatenación de contrato de trabajo temporal hasta la edad de 65 años y al amparo del Art 15. 2 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y del Art. 139 de la Ley General de la Seguridad Social se debería otorgar el Derecho a ser declarado fijo por fraude de Ley.

 

8.- Algunos de estos militares llevan concatenando contratos temporales hasta 24 años. La concatenación de estos “compromisos” o contratos temporales sin causa de temporalidad constituirían un “Fraude de Ley” que ampara la propia Ley 8/2006, además del segundo gran motivo de discriminación de estos militares temporales con respecto a los permanentes (regidos por la Ley 39/2007) como trabajador fijo comparable.

 Nuevamente  ambas Leyes, la Ley 8/2006 y la Ley 39/2007, estarían  permitiendo la discriminación y vulneración del Derecho Fundamental de Igualdad ante la Ley del Art 14 de la CE y contraviniendo la normativa y jurisprudencia española y comunitaria.

 

9.- Por último, estas leyes 8/2006 y 39/2007 y su normativa de desarrollo, también amparan otra serie de discriminaciones, no justificadas, en cuanto a  las condiciones laborales de los peticionarios con respecto a los militares permanentes, lo cual constituye el cuarto gran motivo de discriminación de estas leyes contrario a la Constitución y a la normativa y Jurisprudencia española y europea.

De este modo, las Leyes 8/2006 y 39/2007 serían contrarias al Principio de no discriminación como principio social de la Unión europea, principio que está especialmente protegido por toda la normativa nacional y comunitaria y estarían contraviniendo específicamente  las Directivas: 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, sobre la no discriminación y sobre el uso abusivo de la contratación temporal y a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 sobre igualdad en el empleo y en la ocupación, en consonancia con la interpretación de ambas directivas por la Jurisprudencia comunitaria. También el Art 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea y el Convenio europeo de Derechos Humados (CEDH) entre otra normativa, entre otra normativa nacional e  internacional señalada en los escritos de petición.

 La Directiva 1999/70/CE se aplica a todos los trabajadores con contrato de duración determinada, sea su empleador público o privado, en todos los sectores e independientemente de la calificación de su relación laboral en la legislación nacional. De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, la cláusula 4 tiene eficacia directa.

Estos hechos discriminatorios contenidos en  las actuales Leyes reguladoras de la “Profesión militar” han sido previamente denunciados también, por estos mismos militares, ante autoridades públicas, administrativas (así el Derecho  fundamental de Petición que se le ha  dirigido, concretamente, a los  Generales Jefes del Estado Mayor del Ejercito correspondiente) y judiciales en España con sus fundamentos de Derecho correspondientes en solicitud de tutela por discriminación y por fraude de Ley en sus contrataciones temporales, si haber obtenido, hasta el momento, la tutela solicitada.

 La totalidad de estos Juzgados y tribunales de lo social  (de Madrid y otros puntos de España) han estimado, que la “relación jurídico pública de carácter especial” que vincula a los Militares temporales con la Administración Militar no es una relación laboral, sino una “relación estatutaria especial “.

No obstante, la vinculación de este personal militar temporal lo es mediante contratos, no habiendo sido determinada, pues, si esta relación jurídico-pública de carácter especial es de naturaleza administrativa funcionarial o de naturaleza administrativa contractual, pues el Ministerio de defensa (tanto en sus escritos y alegatos como en sus documentos públicos) se contradice, no concreta y no aclara el tipo de vinculación así como su encuadre dentro de la Constitución y del  Ordenamiento jurídico español.

Incluso, hay  algún Juzgado o Tribunal del Orden social que ha afirmado que el personal de tropa y marinería temporal no tiene carácter funcionarial ni tampoco carácter laboral,  al estar este personal fuera del ámbito de aplicación del actual EBEP de 2015 como lo estaba en el anterior de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del EBEP que señalaba la existencia de dicho personal con legislación específica propia, a los que no les serian de aplicación ni el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ni el Estatuto de los Trabajadores (ET).

Así, estos juzgados y salas, han determinado, mediante Autos y Sentencias, la incompetencia del orden jurisdiccional social  para conocer de estas pretensiones de los militares temporales dejando a salvo el derecho de los demandantes para formular idénticas pretensiones ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por estimar que es a este orden jurisdiccional al que le corresponde dicha tutela.

En sus demandas ante los Jueces y Tribunales del Orden social no han dejado de solicitarles una y otra vez, al amparo del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre si la normativa española  es compatible con el Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE al permitir el encadenamiento de contratos eventuales sin límite, sin exigir una concreta circunstancia objetiva que los justifique, y sin obligación de proveer esos puestos de trabajo con personal fijo que ocupe plazas estructurales, y al permitir la discriminación, también con respecto a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, al artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y al Protocolo 12 en relación con el artículo 14  del Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH).

A día de hoy ningún Juez ni Tribunal del orden social en España ha accedido a esta solicitud de planteamiento de la cuestión prejudicial solicitada.

Los peticionarios entienden que, con la actuación de estos poderes públicos, ante las denuncias de la discriminación  que padecen por los motivos expuestos (Art 14 y 23.2 de la CE) podrían haber sido víctimas de una nueva discriminación por estas mismas autoridades públicas, contraviniendo así el Art. 1 del Protocolo 12 al Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH) que prohíbe la discriminación por cualquier autoridad o poder público, y ello a parte de sufrir la vulneración de otros Derechos Fundamentales, como el Derecho de petición y el Derecho a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículo 29 y 24 de la Carta Magna.

 

Actualmente hay interpuestos 33 Recursos o Solicitudes administrativas ante la Subsecretaría de Defensa, denunciando, igualmente, estas ilegalidades con respecto a los Militares temporales realizadas al amparo de las Leyes denunciadas; la  Ley 8/2006 de 24 de abril, de Tropa y Marinería,  la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar y de su normativa de desarrollo, por el procedimiento de tramitación de urgencia, pues existen razones de interés público lo aconsejen cuales son la existencia de un colectivo de más de 70.000 militares temporales en la misma situación que los peticionarios cuyos intereses legítimos individuales o colectivos, pueden resultar afectados por la resolución que emita el Ministerio de Defensa y también por el hecho de que, actualmente existe una subcomisión en el Congreso  de los Diputados que está estudiando la Ley 8/2006 para su modificación, por lo que ello podría interferir o perjudicar sus derechos laborales y fundamentales actuales.

 

Después de exponer los fundamentos jurídicos que avalan los hechos en los que se basan sus peticiones, se concluye con la opinión de que no existe una justificación objetiva para el trato desigual  del  Militar con vinculación  temporal con respecto al Militar con vinculación permanente o de carrera que amparan las actuales leyes denunciadas.

 

Tanto la Jurisprudencia española y como la comunitaria les lleva a defender la eficacia y aplicación de la Directiva 1999/70/CE y del Acuerdo marco a todo personal trabajador de una Administración Pública, independientemente de la calificación de su vinculación jurídica o relación de servicio de duración determinada por el derecho nacional, y por lo tanto a defender la eficacia y aplicación de dicha Directiva 1999/70 a los Militares temporales frente a los Militares permanentes de la Administración militar española.

Se entiende que, independientemente de cual sea la naturaleza y/o calificación de esta relación de servicios (jurídico publica de carácter especial), que vincula a los militares temporales, de que finalmente sean declarados funcionarios o laborales y/o del Orden jurisdiccional que finalmente conozca de estas demandas en España, este colectivo de trabajadores de más de 70.000 trabajadores públicos españoles, regulados actualmente por las leyes militares en cuestión,  jurídicamente estarían en fraude de ley y sufriendo discriminación con vulneración de sus derechos fundamentales y humanos,  y si este hecho no es apreciado aquí en España lo será por instituciones y tribunales europeos pues se anuncia, asimismo, la intención, de estos mismos militares temporales, de ejercitar además, su Derecho de Petición ante el Parlamento europeo y/o denuncia a la Comisión europea.

 Finalmente, se pide a las Cámaras la derogación de las Leyes 8/2006, 39/2007 y de su normativa reglamentaria, así, como la promulgación, al amparo del Art 8 de la CE de una única Ley orgánica integradora y reguladora de la “Profesión militar” de conformidad con el Art 4 del EBEP, que regule las bases de la organización militar en cuanto a su personal  determinando la categoría de empleados públicos que tiene  la profesión militar y sus derechos de conformidad con la Constitución y  con el resto del Ordenamiento jurídico español y comunitario.

 Esperemos que, ante estas peticiones, las Cámaras actúen conforme marca la norma suprema y la legislación española y pongan remedio a una situación ilegal, y discriminatoria  amparada por las leyes militares que permiten la violación sistemática de la normativa y jurisprudencia comunitarias, antes de que instancias europeas tengan que intervenir.

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