Denver (CO), 24 may.- El alcalde de Denver, Michael Hancock, señaló que las modificaciones de ciertas ordenanzas locales aprobadas la víspera por el concejo municipal para proteger los derechos de inmigrantes y refugiados no significan que se vaya a descuidar la seguridad.
“Nos enfocamos en proteger los derechos civiles de las comunidades de inmigrantes y de refugiados y a la vez mantendremos a toda la ciudad segura y la protegeremos de los criminales violentos”, dijo Hancock en unas declaraciones preparadas en relación con la aprobación unánime de 20 medidas por parte de los concejales el lunes.
En conjunto, esas medidas significan una reforma de las sentencias carcelarias que la Ciudad y Condado de Denver puede imponer para ciertos delitos de manera que los delitos de menor cuantía ya no reciban largas sentencias.
Por ejemplo, hasta el momento, quedarse en un parque después del horario permitido o impedir el paso por una vereda recibían, bajo ciertas condiciones, la misma sentencia y la misma multa que los crímenes de odio o que la violencia doméstica repetida.
Para Hancock, el nuevo sistema significa “mayor equidad” en la justicia local en el sentido que “el castigo estará de acuerdo con la severidad del crimen cometido”.
Además, los crímenes de odio ahora son una categoría propia en el código penal local.
Y, cuando las nuevas leyes próximamente se implementen, quienes reciban una multa por infracciones de tránsito ya no deberán obligatoriamente presentarse en la corte municipal para resolver el problema, sino que podrán hacerlo por correo.
Hancock enfatizó que las nuevas medidas establecen “un sistema mejor y más conveniente” para todos los residentes en Denver, pero también quedó claro que los principales beneficiados serán los inmigrantes o refugiados con problemas menores con la ley o que deben presentarse antes las cortes locales.
En concreto, sentencias más cortas por delitos menores significa que esos delitos no quedan registrados ante las autoridades federales.
De esa manera, según el alcalde, se restaura el propósito original de las ordenanzas municipales, que nunca fueron escritas, dijo, para ser usadas como herramientas de deportación.
Y la opción de no presentarse en la corte provee una alternativa para aquellos que, por miedo, no responden a sus citaciones o no pagan sus multas, creándose así mayores problemas para ellos mismos.
En febrero pasado Hancock convocó a una reunión con la Comisión de Inmigrantes y Refugiados de Denver para analizar el impacto de las órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump en la población local.
Tras detectarse la presencia, por medio de videos, de agentes federales en “lugares sensibles” (cortes, escuelas, iglesias, hospitales), y ante la falta de respuesta del gobierno federal, el alcalde impulsó los cambios mencionados.
El mandatario local enfatizó que se respetarán las leyes federales, no se interferirá con los agentes federales y no se protegerá a criminales.
Pero, dijo, tampoco se “hará política” con la seguridad de la comunidad.
Según el Buró del Censo, en Denver viven 682.000 personas, de las cuales un 16 % son extranjeros.
