San Juan, 23 may.-  El jefe del Ejecutivo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, presentó un presupuesto para el ejercicio fiscal 2018-2019 que alcanza los 8.730 millones de dólares, un recorte considerable en comparación con el último del pasado Gobierno que fue criticado por alcaldes y oposición.

Rosselló defendió en el Capitolio, la sede del Legislativo en San Juan, el nuevo presupuesto, que a nivel consolidado alcanza los 25.323 millones de dólares, como trató de explicar el mejor que se pudo obtener tras una difícil negociación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad de control impuesta por el Congreso en Washington para tratar la deuda.

El gobernador incidió en la idea de que los sectores más desfavorecidos de la sociedad saldrán beneficiados, aunque los alcaldes ya reaccionaron para denunciar que los recortes afectarán sus operaciones.

El punto más destacado del nuevo presupuesto, tal y como subrayó Rosselló en su discurso, es que tras la negociación con la JSF consiguió evitar que el organismo federal elimine el Bono Navidad para los empleados y que se reduzcan los días de vacaciones y los días por enfermedad.

Además, consiguió que no se incluyera la pretensión de la JSF de reducir la pensiones de los funcionarios, aunque, en contrapartida, se deberá eliminar la Ley 80, lo que significará que los trabajadores que sean despedidos por causa injusta no serán indemnizados cuando entre en vigor la norma.

Aunque Rosselló escenificó como un logro lo conseguido ante la JSF, el presupuesto fue contestado de forma inmediata, en especial por los alcaldes, descontentos con el dinero que se les asignará.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico -que agrupa a municipios gobernados por el partido opositor-, Rolando Ortiz, señaló que asignarle solamente 50 millones de dólares anuales a los 78 municipios de la isla no contrarresta los 350 millones que el gobernador Rosselló “ha despojado” a los municipios en los meses que lleva al frente del Ejecutivo.

El alcalde del municipio de Guayanilla, Nelson Torres, reconoció la iniciativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de asignar un millón de dólares a cada municipio, pero, matizó, “los alcaldes estaremos atentos a la manera en que se distribuirán los 50 millones que anunció el señor gobernador”.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, recordó que el pasado año, en su mensaje de presupuesto, Rosselló declaró que establecería un mecanismo para que los municipios pudieran recuperar parte de sus ingresos mediante servicios delegados de ingresos y del CRIM.

El legislador Eric Correa, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), subrayó que el Senado está listo para realizar una evaluación profunda y justa de cada renglón del proyecto de presupuesto presentado y que el compromiso es el de mantener la operación del Gobierno sin afectar a la población más vulnerable.

Rossana López, legisladora del opositor Partido Popular Democrático (PPD), dijo que según el mensaje de Rosselló lo único que parece tener sentido en esta Administración es el supuesto compromiso del presidente del Senado para no permitir la radicación del proyecto que derogaría la Ley 80.

“Eso es esperanzador para todos los trabajadores, esperemos que cumpla con su palabra”, apuntó en un comunicado.

El presupuesto presentado, según dijo Rosselló, aspira a la reconstrucción de Puerto Rico y la transformación más grande en la historia de lo que se conoce como el Gobierno.

“Lo que no sirve se cambiará para que responda de manera más ágil y eficiente al pueblo, y lo que funciona se modernizará para que sea mejor”, sentenció.

Rosselló explicó que se creará el bono al trabajo, donde el empleado podrá recibir, además del Bono de Navidad, entre 300 y 2.000 dólares anuales.

También, por primera vez desde su creación, se reducirá el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los alimentos procesados de un 11,5 % a un 7 %.

Además se eliminará de forma paulatina el impuesto conocido como el “B2B” entre empresas.

El gobernador destacó la importancia que tiene para Puerto Rico el Plan de Acción presentado para el uso de los fondos del Programa de Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) asignados por el Gobierno federal, como consecuencia de los daños ocasionados por el Huracán María.

A partir del mes de agosto, indicó, comenzará la adjudicación y el desarrollo de proyectos que en la primera fase superan los 1.500 millones de dólares que serán utilizados en un periodo de 2 años.

El presupuesto incluye una reforma energética centrada en garantizarle al consumidor una energía más limpia y menos costosa, además de un Plan Maestro para la rehabilitación de carreteras de 600 millones de dólares.

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