Quito, 18 jun.- Apenas un año después de dejar la presidencia de Ecuador en mayo de 2017, Rafael Correa podría ser este, lunes, vinculado a una investigación fiscal por el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia, delito penado con prisión.

El exasambleísta Fernando Balda, conocido crítico de Correa, denunció hace seis años haber sido secuestrado, pero no ha sido hasta principios de este año cuando la Fiscalía inició una investigación reservada y solicitó las primeras versiones.

Recientemente el Ejecutivo del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, resolvió dar a conocer toda la información clasificada relacionada con el caso como medida de esclarecimiento destinada a su posible resolución.

El pasado lunes el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, anunciaba que había pedido la vinculación del expresidente en la investigación penal, tras haber aparecido datos sobre su presunta participación en el secuestro de Balda.

Exdiputado del Partido Sociedad Patriótica, Balda denunció haber sido forzosamente introducido en un vehículo por cinco personas, aunque la policía colombiana interceptó el coche y frustró el aparente intento de secuestro.

La jueza de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de justicia Daniella Camacho, convocó para este lunes una vista destinada a vincular a la indagación fiscal (procesamiento) a Correa, que reside en Bélgica desde julio del año pasado, en relación al caso.

Camacho había solicitado esta semana a la Asamblea Nacional (Parlamento) que se pronunciara al respecto, una petición interpretada como una autorización de luz verde previa al enjuiciamiento del exmandatario, y que la Cámara declaró improcedente antes de resolver en votación que Correa ya no goza de fuero o inmunidad parlamentaria.

El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de las Américas (UDLA), Jorge Benavides, explicó a Efe que el procedimiento se aviene a la ley y que el Parlamento no tiene necesidad de pronunciarse sobre si procede la vinculación penal.

“Constitucionalmente no hay necesidad de pronunciamiento de la Asamblea Nacional porque la inmunidad de forma no lo cubre y no goza de inmunidad, solo debería pronunciarse en el caso de un mandatario en el ejercicio de funciones”, manifestó.

Añadió que en la audiencia de vinculación prevista mañana, se formularán presumiblemente cargos, y que Correa no está obligado a comparecer ante el tribunal durante la instrucción fiscal, pero sí cuando comience la etapa formal del juicio.

En Ecuador el caso ha desatado una tormenta política y judicial ante el posible enjuiciamiento de Correa, en un caso en el que ya hay tres antiguos miembros de la inteligencia procesados.

El expresidente tachó de “farsa” el proceso legal que consideró un intento de sacarlo del mapa político ecuatoriano.

“Me quieren fuera del mapa político porque ese conjunto de mediocres sabe que nunca me va a poder vencer”, dijo Correa en una entrevista con Efe en Bruselas, en alusión al Gobierno de Moreno.

El expresidente prestó declaración de forma voluntaria sobre el caso el mes pasado desde el Consulado ecuatoriano en Bruselas, donde negó cualquier vinculación con el secuestro del político opositor.

En la etapa previa al juicio, la corte podría solicitar alguna medida cautelar, “como que se presente cada determinado tiempo en el consulado en Bélgica como medida para asegurar que cumple con el procedimiento”, avanzó el experto constitucional.

En el caso de que los elementos presentados por la Fiscalía dieran lugar a procesarlo, se enfrentaría a penas de prisión de hasta seis años si se demuestra su intervención en el caso y es condenado por ejemplo, por el delito de asociación ilícita, de acuerdo al código penal ecuatoriano.

Pero si es juzgado por su participación o como autor intelectual de secuestro con fines políticos, como arguye la defensa de Balda, no podría solicitar el asilo en Bélgica, puesto que se trata de un crimen de lesa humanidad imprescriptible, apuntó Benavides.

De acuerdo a diferentes análisis políticos, este caso refleja una ruptura del actual Gobierno respecto al denominado “correato”.

“El punto de partida serían los escándalos de Odebrecht, en los que no se pudo esclarecer algún tipo de relación con el expresidente”, sostuvo el profesor de la UDLA.

El hecho de que Correa no pueda presentarse a una reelección tras la consulta del pasado 4 de febrero, a lo que se podría sumar su procesamiento por un delito de lesa humanidad, por el que puede ser juzgado en ausencia, terminaría por minar definitivamente su regreso a la política ecuatoriana.

 

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