Los Ángeles, 14 feb (EFEUSA).- Grupos comunitarios y activistas participaron ayer en una audiencia pública organizada por el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) para analizar las regulaciones, requisitos y documentación para las licencias de conducir que se expedirán a indocumentados a partir del 1 de enero de 2015.

“Es importante que el Departamento de Motores y Vehículos escuche con atención las preocupaciones de la comunidad y responda estableciendo reglamentos que permitan el acceso a una licencia de manejo sin muchas complicaciones y a precio módico”, aseguró a Efe el director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) de Los Ángeles, Jorge-Mario Cabrera.

En la audiencia, que se realizó a partir de las seis de la tarde (hora local) en el Centro Comunitario de Bell, ciudad al sur de Los Ángeles con 93 % de habitantes hispanos, los representantes de diferentes organizaciones así como particulares, expresaron sus ideas y sugerencias sobre la implementación de la ley.

La reunión, con una duración de dos horas, ofreció traducción simultánea y puso unos 200 audífonos a la disposición de los presentes.

“Lo más importante de esta licencia es que no va ser conectada a la policía de inmigración, porque actualmente una infracción de tráfico pueda acabar en una deportación”, dijo a Efe Isabel, una inmigrante indocumentada que ayer participó en la reunión.

“Para mí como indocumentada eso es muy importante porque el miedo a la deportación lo lleva uno todos los días en cualquier lugar, y ya al manejar voy a estar un poco más tranquila”, agregó la mexicana que llegó hace 17 años a Estados Unidos y tiene tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses.

Para Cabrera, la expedición de licencias a los indocumentados es un importante indicio de concesión de beneficios más amplios para los inmigrantes.

“El proceso que siga el DMV y la disponibilidad de una licencia de manejo para tanto motorista que es inmigrante indocumentado, nos dará la primera indicación de qué tan bien preparado estaría California para una posible reforma migratoria que beneficiaría a muchos más personas”, afirmó el activista.

Para Jorge Orduz, quien tiene un negocio estable de jardinería con su primo, la falta de una licencia de conducir es un problema diario en su trabajo que le obliga a movilizarse en vehículo a cada instante.

“En mi negocio yo pago todos los impuestos y permisos, lo mismo que mis impuestos personales que los declaro con el ITIN (número de identificación personal)”, aseguró a Efe Orduz, quien llegó hace casi 20 años de México con su familia y un niño pequeño.

“Sin embargo a esos costos he tenido que sumar el valor de las multas y la grúa y el ‘corralón’ (estacionamiento de vehículos decomisados) de las tres veces que me han retenido el vehículo por no tener una licencia de manejo”, agregó.

El jardinero manifestó su temor sobre la diferenciación entre las licencias de conducir expedidas por la ley AB 60, de las que se otorgan a los residentes legales de California. Explicó que al tener una señal “es como decirle a la policía ‘llévenme porque yo no tengo papeles'”.

No obstante, la joven indocumentada Isabel espera que el DMV siga las instrucciones del gobernador Jerry Brown, quien propone una licencia similar a las actuales con solo una palabra de diferencia.

“Queremos asegurarnos que esas licencias tengan el mismo color, la misma forma y tamaño y que solamente la diferencia sea en una sola palabra ‘Permiso’, en lugar de ‘Licencia'”, manifestó la mexicana.

Pedro Espinoza, quien desde hace varios años forma parte de la Coalición Liberen Nuestros Autos, señaló que ahora que ya existe una ley que ordena la expedición de licencias a los inmigrantes “sin papeles”, se debe asegurar que la información personal no se comparta con ninguna agencia del Gobierno y menos con las autoridades de inmigración.

Según Espinoza, si no se garantiza la información, “mucha gente no va a querer sacar la licencia por miedo a que luego lo visite la migra”.

El plan de presupuesto 2014-2015 del gobernador Jerry Brown incluye una partida de 64,7 millones de dólares para que la agencia de transporte pueda atender el aumento en las solicitudes de licencias.

Según estimaciones hechas al presentar la ley, la medida beneficiará a cerca de 1,4 millones de conductores indocumentados de California, la mayoría de ellos hispanos.

“Las personas que se beneficiarían de la nueva licencia deben de estar pendientes de cualquier oportunidad para expresar sus preocupaciones y necesidades”.

“Al no participar o no decir nada, una vez aprobados los reglamentos, sólo nos quedará quejarnos. Es ahora cuando se puede hacer el cambio”, concluyó Cabrera.