San Diego (CA) 10 oct.- Un juez federal firma un acuerdo preliminar bajo el cual el Gobierno de Donald Trump está obligado a reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familias que fueron separadas en la frontera, mayormente bajo su política de “cero tolerancia”.

El juez Dana Sabraw, quien preside el litigio en una corte de San Diego (California), calificó hoy de “excelente” el acuerdo alcanzado por abogados del gobierno y de las familias afectadas en tres demandas colectivas.

“Pareciera que estamos muy cerca de terminar con esto”, señaló el magistrado sobre el caso, que obligó al gobierno a reunificar a más de 2.000 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres en la frontera con México.

El acuerdo, aún pendiente de una audiencia final en noviembre, establece que se deberá dar otra oportunidad tanto a padres como menores para que sus peticiones de asilo u otras protecciones contra la deportación sean evaluadas.

Los padres con un orden de deportación, bajo libertad condicional o recluidos, tendrán una nueva entrevista ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para determinar si existe “miedo creíble” de persecución.

Los niños que ya fueron reunificados con sus padres en detención, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deberá utilizar su discreción para cancelar cualquier orden de presentación o detener cualquier proceso migratorio para que la solicitud de asilo de la familia sea reconsiderada.

De acuerdo con el último informe federal, se ha reunificado a 2.296 de los 2.654 niños que fueron separados de sus padres en la frontera.

Del grupo restante, 136 menores continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), 96 de ellos, de padres que ya han sido deportados del país.

Otros 219 niños no serán elegibles para reunificación, ya sea porque los propios padres renunciaron a dicho derecho o en otros casos se detectaron antecedentes criminales por lo que el gobierno considera que se pone en riesgo al menor.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organismo que interpuso una de las tres demandas, precisó que del grupo de padres que fue deportado, aún no han podido localizar a diez de ellos.

Sabraw urgió a ambas partes a acelerar el proceso para que se pueda identificar y conocer si los padres renuncian a la reunificación o piden que el menor les sea trasladado a su país de origen.

Gelernt dijo al juez que han detectado que cuando ICE se encarga de las repatriaciones a Centroamérica no notifica a los padres con anterioridad.

ACLU solicitó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se encargue de dicho proceso, para evitar estos tropiezos.

Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia (DOJ), aclaró que ICE se encarga de un grupo reducido de traslados y que supervisarán la situación para solventar esos problemas.

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