Caracas, 24 may.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desmontó varias de las tesis que el Gobierno de Nicolás Maduro ha presentado sobre muertes, disturbios y otros delitos cometidos en el marco de las protestas antigubernamentales que se han desarrollado desde hace más de mes y medio en el país.
El primer punto que aclaró la fiscal a periodistas tiene que ver con el número de fallecidos en la ola de manifestaciones que cifró en 55, tres de los cuales son policías, y exhortó a que quien no forme parte del Ministerio Público o de los órganos de investigación penal evite dar informaciones sobre estos sucesos.
Indicó que la muerte del estudiante Juan Pernalete ocurrida el 26 de abril en un escenario de protestas en Caracas se produjo tras recibir el impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos desmintiendo así la tesis oficialista de que el joven de 20 años había sido herido por una pistola usada en la ganadería.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como el ministro de Información, Ernesto Villegas, habían señalado a la oposición por esta muerte de la que ahora la fiscal responsabilizó a la Guardia Nacional (policía militarizada).
“Yo quiero señalar a quienes ejercen funciones policiales de orden público que los efectos de disparar bombas lacrimógenas con escopetas a las personas, directo al cuerpo, está prohibido, no solo por las propias instrucciones que están aquí (en el envase) sino por los estándares nacionales e internacionales”, dijo.
Pidió a los actores políticos “en pugna” no lanzar hipótesis sobre los móviles de los delitos que están ocurriendo durante las protestas al tiempo que invitó a los medios de comunicación a obtener la información “de primera mano” en el Ministerio Público.
Dijo que estas “hipótesis previas” que se divulgan “a través de portavoces no competentes” entorpecen las investigaciones y generan una “presión innecesaria e irrespetuosa a la labor de los funcionarios encargados de investigar de forma objetiva los delitos”.
También comentó el caso del estado occidental de Barinas en donde se han notificado siete muertos, saqueos y destrozos y “solamente hay ocho privados de libertad”.
Apuntó que los habitantes de Barinas han denunciado “la poca presencia o no intervención policial” en la región.
Por otra parte, criticó el uso “excesivo de la represión” en las manifestaciones y pidió dejar que las personas protesten mientras lo hagan de forma pacífica, así como evitar las detenciones sin causa aparente.
“Hay que identificar las causas de la confrontación entre los venezolanos, confrontación que no se resuelve privando de libertad a las personas sino reconociendo que existe el problema, el descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos, medicinas y la inseguridad que hay”, sostuvo.
Señaló que 19 funcionarios policiales y militares han sido imputados “por la presunta comisión de los delitos de homicidios, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegitima de libertad, violación de domicilio entre otros delitos”.
Comentó que “preocupa mucho” que desde principios de abril cuando se iniciaron las protestas hasta ahora vayan más de 500 lesionados “por el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado”.
Asimismo, se dijo preocupada por las personas que han sido detenidas y procesadas bajo la Justicia militar e informó que solicitó a la Fiscalía General Militar el “número de procesos y detenidos”.
La acción de los tribunales militares fue aprobada por el jefe de Estado al activar el llamado Plan Zamora en el que se ordena la actuación de la justicia militar para mantener el orden público.
“Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas”, agregó la fiscal.
Indicó que la Fiscalía ha abierto siete investigaciones “por el uso de la Justicia militar” por casos que “eminentemente corresponden a la justicia ordinaria”.
La funcionaria dijo, además, que el MP investiga la participación de grupos de civiles armados en las situaciones violentas que se han registrado en las protestas “propiciando que se alteren los ánimos”.
Ortega Díaz precisó que existen 16 investigaciones abiertas “contra grupos civiles armados al margen de la ley” y se dijo preocupada por “la proliferación” de estas asociaciones, por lo que consideró “necesario” el desarme de la población.
