Los líderes del Legislativo de Puerto Rico negocian con Hacienda nuevos impuestos

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Las dos cámaras legislativas y el Ejecutivo, a través del Departamento de Hacienda, tienen para alcanzar un acuerdo hasta el próximo día 15. EFE/Archivo
Las dos cámaras legislativas y el Ejecutivo, a través del Departamento de Hacienda, tienen para alcanzar un acuerdo hasta el próximo día 15. EFE/Archivo

San Juan, 4 jun (EFE).- Los líderes del Legislativo puertorriqueño negocian con el Departamento de Hacienda un paquete de nuevos impuestos necesarios para cuadrar el presupuesto del año fiscal entrante.

Los presidentes de Senado y Cámara de Representantes, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, respectivamente, negocian hoy con Hacienda la legislación de normativa sobre nuevos impuestos con el objetivo de que se recauden los fondos necesarios para presentar un presupuesto creíble.

Las dos cámaras legislativas y el Ejecutivo, a través del Departamento de Hacienda, tienen para alcanzar un acuerdo hasta el próximo día 15, fecha en la que el presupuesto del nuevo año fiscal debe estar preparado antes de su comienzo el uno de julio.

La prensa local apunta que el problema que se plantea es cómo y de dónde recaudar 1.400 millones de dólares que se necesitan para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos para el presupuesto del año fiscal 2013-2014.

El Ejecutivo, según datos estimados, prevé recaudar 8.435 millones de dólares durante el año fiscal 2013-2014, pero faltan para cuadrar ese presupuesto los 1.400 millones de dólares que se buscan a última hora en forma de nuevos impuestos a cargo del contribuyente.

El catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda señaló hoy a Efe que el problema tiene su raíz en la pasada administración que encabezó Luis Fortuño, que elaboró durante el último cuatrienio presupuestos poco realistas.

La consecuencia ha sido un déficit que ahora tiene que afrontar el Gobierno que lidera Alejandro García Padilla, acuciado además por la amenaza de las agencias calificadores de deuda de degradar el crédito de los bonos de Puerto Rico.

El catedrático de Economía subrayó que el problema del Gobierno es que no hay posibilidad ya de reducir más gastos y que la opción de despedir funcionarios dejaría un Gobierno inoperante.

Dijo que la única opción pasa ahora por captar ingresos de quienes tienen más dinero.

El Ejecutivo pretende que parte de esos 1.400 millones de dólares lleguen a través de la extensión del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a transacciones entre comercios hasta ahora exento, iniciativa que cuenta con el rechazo de varios legisladores, que entienden que la medida provocará inflación.

Como alternativa, Senado y Cámara de Representantes proponen que en vez de extender el IVU a las transacciones entre comercios se creen nuevos impuestos para gravar a las grandes empresas, elevar el impuesto sobre la renta a quienes ingresen más de 200.000 dólares anuales, aumentar el impuesto a los cigarrillos y un impuesto del 1 % a las primas de seguros.

Además, proponen que se suban las contribuciones de los casinos que operan en la isla, incrementar la aportación de los contratistas del gobierno y que el IVU se extienda a las ventas por internet, entre otras medidas.

García Padilla dijo el lunes sobre el asunto que la extensión del cobro del IVU a transacciones entre comercios que puede modificarse sobre su concepción inicial, pero que se trata de una medida que no se va a eliminar.

La discusión sobre cómo recaudar nuevos impuestos para presentar el nuevo presupuesto coincide con la petición del presidente del estatal Banco Gubernamental de Fomento, Javier Ferrer, de que la Autoridad de Carreteras y Transportación ponga al día sus cuentas y comience el proceso de pago de una gigantesca deuda que se eleva a 2.100 millones de dólares.

El Ejecutivo de García Padilla teme que las dudas sobre la credibilidad del nuevo presupuesto y la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación empuje a las agencias de calificación de deuda a degradar, de nuevo, el crédito de Puerto Rico.

Fitch igualó a Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s al rebajar en marzo la nota de la deuda soberana de Puerto Rico de BBB+ a BBB-, al nivel previo de “bono basura”, con perspectiva “negativa”.

El elevado déficit público de Puerto Rico es una de las razones de la bajada de la clasificación de su deuda soberana por parte de estas agencias.

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