Denver (CO), 21 sep .- El Tribunal Supremo de Colorado dictaminó que es constitucional reducir sustancialmente el presupuesto para las escuelas públicas locales (donde casi uno de cada tres estudiantes es latino) a pesar de leyes vigentes que exigen aumentos anuales para ese presupuesto.
El fallo, un documento de 35 páginas, indica que la presidente de la Corte Suprema estatal, Nancy Rice, y tres de los miembros del tribunal se expresaron a favor de los recortes del presupuesto educativo en el marco de la llamada Enmienda 23, mientras que otros tres miembros, incluyendo la jueza Mónica Márquez, rechazaron esa postura.
La Enmienda 23 fue aprobada por voto popular en el 2000 como una manera de prevenir constantes reducciones en los fondos destinados a las escuelas públicas de Colorado y durante una década el presupuesto escolar subió cada año.
Luego, en 2010, la legislatura estatal introdujo el llamado “factor negativo” en la Enmienda 23, básicamente una nueva fórmula para determinar cuánto dinero el estado debe enviar a cada distrito escolar. Desde entonces, el presupuesto educativo se redujo en unos mil millones de dólares al año.
En junio de 2014, un grupo de padres, educadores y administradores escolares presentó una demanda (Dwyer vs. Colorado) argumentando que las autoridades estatales no estaban cumpliendo con la Enmienda 23. En junio de este año, el caso llegó al Tribunal Supremo local.
En su dictamen, los jueces afirmaron que es legal usar el “factor negativo” para reducir los fondos educativos para todos los 178 distritos escolares en Colorado. Además, según los magistrados, los demandantes “interpretaron equivocadamente la relación entre el factor negativo y la Enmienda 23”.
Para la Corte Suprema, la Enmienda 23 requiere que el estado provea “fondos básicos” para cada estudiante y no que el estado cubra año tras año el costo total de cada alumno asistiendo a escuelas públicas.
Eso significa que ni el costo de vida en un determinado distrito ni la cantidad de estudiantes asistiendo a un distrito ya son factores para determinar si para adjudicar fondos adicionales a ese distrito.
Durante el debate y los argumentos orales ante la corte, el Foro Latino de Colorado se hizo presente para respaldar a los demandantes debido a que en la actualidad poco más del 30 por ciento de los 845.000 alumnos en edad escolar en este estado son hispanos. Y en algunos distritos, como en Denver, esa cifra se acerca al 60 por ciento.
Tras darse a conocer la opinión de la corte, la abogada Kathy Gebhardt, que representó a los demandantes, afirmó que “los recortes ya han causado un daño grande y duradero a las escuelas y niños de todo el estado”, indicando que sus representados “seguirán luchando por esos niños”.
