La Paz, 22 mar (EFE).- La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) anunció hoy el envío de una misión de 26 observadores a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en Bolivia el próximo domingo 29 de marzo.
El coordinador general de la misión será el uruguayo Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral de Uruguay, informó la Unasur en un boletín de prensa.
“La misión está integrada por 26 representantes de los órganos electorales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y la Secretaría General del bloque regional”, añadió la nota.
Los delegados comenzarán a llegar a Bolivia a partir del martes 24 “para iniciar el proceso de acompañamiento electoral y tienen previstas reuniones con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia para fijar una agenda de trabajo.
El próximo domingo 29 los bolivianos votarán para elegir a los gobernadores de las nueve regiones del país, a 339 alcaldes, a los legisladores departamentales y concejales municipales.
Según encuestas publicadas esta semana en la prensa, los postulantes a las gobernaciones por el partido del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), lideran la intención de voto en cinco de los nueve departamentos, mientras que candidatos opositores aparecen como favoritos en las otras cuatro regiones.
El órgano electoral vetó el viernes la candidatura a gobernador de la región amazónica de Beni del opositor Ernesto Suárez, a quien las encuestas daban por virtual vencedor de los comicios en ese departamento, donde nunca ha ganado el MAS.
El TSE inhabilitó al partido de Suárez, Unidad Demócrata, y a sus 228 candidatos en Beni, tras cancelar la personalidad jurídica de esta organización, por difundir una encuesta propia sobre su respaldo popular, acto que está prohibido por la norma electoral.
Suárez acusó a los vocales electorales de haber emitido un fallo bajo la “presión” del Gobierno y anunció que responderá con acciones legales y con una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) porque considera que han sido vulnerados sus derechos políticos como candidato opositor. El oficialismo y el TSE rechazaron por separado esta acusación y justificaron que el fallo se ajustó a la ley.
