Managua, 29 nov.- La estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua condenó hoy la sanción impuesta por EE.UU. a la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, y al asesor presidencial de Seguridad, Néstor Moncada.
“Condenamos las acciones del Gobierno de los Estados Unidos (…) representan una grave violación a la soberanía y la autodeterminación de nuestro país”, dijo la PDDH en un comunicado emitido a través de medios oficialistas.
Las sanciones, impuestas por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier “propiedad o intereses en propiedades” de Murillo o Moncada que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción estadounidense.
Además, se prohíbe a cualquier estadounidense realizar negocios con los designados, quienes no podrán ingresar a Estados Unidos.
EE.UU. ve a Murillo como la “copresidenta de facto” de Nicaragua, destaca su “influencia” en grupos que han sido acusados de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de estar involucrada en prácticas de corrupción.
A Moncada se le señala de estar involucrado en casos de corrupción, extorsión y sobornos en beneficio de Murillo y del presidente Daniel Ortega.
La PDDH denunció que las medidas contra Murillo y Moncada también “menoscaban los derechos humanos del pueblo nicaragüense”.
Además acusó al Gobierno del país norteamericano de “destruir el orden democrático y constitucional de Nicaragua” al apoyar a las organizaciones locales que defienden los derechos humanos.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, desde el 18 de abril pasado, ha dejado de entre 325 y 545 muertos en protestas contra Ortega, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega rechaza las acusaciones e insiste en que ha derrotado un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron tras 11 años de Gobierno por unas fallidas reformas de la seguridad social, que se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
