Lima, 9 abr .- La VIII Cumbre de las Américas, cuyo tema central será la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, tendrá en Perú, su anfitrión, un ejemplo paradigmático de la devastación política, social y económica que esas prácticas causan en la región.
Muy pocos hubieran imaginado el 11 de abril de 2015, cuando Lima fue elegida como sede de la mayor reunión de líderes continentales, que el país llegaría a la cita en pugna por salir de una profunda crisis de gobierno y con toda la clase política en entredicho, fruto de las masivas prácticas de soborno y corrupción que se revelaron con el estallido del escándalo de Lava Jato.
El panorama institucional en Perú es desolador.
Un expresidente está en prisión preventiva a la espera de juicio (Ollanta Humala, 2011-2016), otro en busca y captura y huido a los EE.UU (Alejandro Toledo, 2001-2006), y un tercero bajo investigación judicial (Alan García, 1985-1990 y 2006-2011).
Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016 y quien hizo de la Cumbre de las Américas, de la que se presumía anfitrión, un evento centrado en la lucha contra la corrupción, fue forzado a dimitir en marzo pasado tanto por sus vínculos poco claros con la constructora Odebrecht como por sus oscuras maniobras para evitar ser destituido por el Congreso.
Apenas un día después de su dimisión, la Justicia le impuso la prohibición de salir del país y la Fiscalía entró en su residencia para buscar posibles evidencias de corrupción.
Alberto Fujimori, que ya penaba 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción bajo su Gobierno (1990-2000), fue indultado en diciembre pasado de forma controvertida por Kuczynski.
Mientras, el Congreso bulle envuelto en investigaciones fiscales y parlamentarias, denuncias, acusaciones y cruces en torno a la corrupción que afectan tanto al oficialismo como a la oposición liderada por Fuerza Popular, el partido encabezado por Keiko Fujimori y al que Marcelo Odebrecht ya confesó haber financiado irregularmente.
Un daño colateral, que cada vez crece con mayor virulencia, es la virtual paralización de la obra pública y de los préstamos bancarios para la financiación de la construcción de infraestructuras.
El miedo real o ficticio a verse señalado por beneficiar a empresas constructoras por parte de las autoridades, y de la banca a prestar dinero a empresas que pudieron haber incurrido en sobornos para ganar concursos, con las posibles implicaciones legales que eso tiene, le ha costado al país varios puntos de crecimiento en el último año y medio, sin que de momento haya sucedido nada que permita revertir esa situación.
En la población y entre los críticos y analistas el hastío es patente y parece haberse llegado a un punto de quiebre sobre la percepción de la corrupción practicada por las elites políticas peruanas desde tiempos coloniales.
“Evidentemente la Cumbre se efectúa en un momento crítico en el Perú, con un presidente que acaba de renunciar para evitar ser destituido acusado de corrupción (…) En ese ambiente, la temática tiene particular relevancia y lo deseable es que se logren establecer en la reunión unas pautas generales globales en la región para combatir la corrupción”, apuntó a Efe Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior y analista político peruano.
El hasta entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumió la jefatura del Estado el pasado 23 de marzo en sustitución de Kuczynski con la firme promesa de atacar esa lacra, promesa a la que también se han sumado los representantes del Congreso, pese a que muchos de ellos están implicados de un modo u otro en prácticas irregulares.
En ese sentido, Rospigliosi apuntó que el nuevo presidente podrá recibir sin apuro a los invitados para tratar el espinoso tema de la corrupción “por el hecho de que Perú cambió al presidente acusado”, lo que podría ayudar a “mostrar que se avanza” en esa lucha.
“Eso para el país será importante, más allá de que se traten temas que implican que se puede atacar la corrupción”, añadió el ex ministro.
Rospiglioso apuntó que esto incluso se podrá hacer pese a que “sin duda” habrá presidentes presentes en la Cumbre que no “tienen ningún interés” en acabar con la corrupción.
“Existe presión de la opinión pública, al menos donde ésta existe, y presumo también presiones de los países y las democracias avanzadas para que cambie. Podría haber acuerdos beneficiosos”, dijo.
