San Salvador, 2 may (EFE).- El ombudsman o defensor del pueblo salvadoreño, Óscar Luna, dijo hoy que El Salvador debe adoptar de manera “urgente” “medidas legislativas” para garantizar la libertad de prensa, al cumplirse mañana el día dedicado a ese derecho básico.
A través de una declaración escrita, Luna expresó que considera “una necesidad urgente la adopción de las medidas legislativas” para la protección de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo.
El Salvador requiere un “marco jurídico” que no solo proteja a los periodistas “de las amenazas externas, sino también de las situaciones que inciden negativamente en el ejercicio de la profesión, cuando estos enfrentan malas condiciones laborales y de seguridad social”, detalló.
Ese marco jurídico también debe “garantizar el respeto de sus derechos a la libre asociación y sindicalización”, entre otras medidas, agregó.
Luna plantea además la creación de una normativa que “reconozca y comprenda a los tres sectores de la comunicación: privado, público y comunitario”.
Esa normativa debe buscar “una distribución equitativa del espectro radioeléctrico y un mecanismo democrático para la asignación de las frecuencias”.
Actualmente la subasta pública es el único mecanismo utilizado para asignar las concesiones de frecuencias radioeléctricas, lo que “sin duda, puede violentar los derechos a la igualdad y libertad de expresión”, indicó Luna.
Argumentó que el actual mecanismo “significa basar solo en el aspecto económico el otorgamiento de una concesión para el uso de un bien público de carácter limitado”.
Esta situación limita la posibilidad que medios de comunicación alternativos accedan al espectro, lo que favorece “la concentración” y afecta “la pluralidad” en los medios, añadió.
Luna también planteó “la creación de una institución rectora de las políticas de comunicación social (…) y la figura de la defensoría de lectores, radioescuchas o televidentes”.
Asimismo, instó a que el país “cuente en el menor tiempo posible con una ley especial que (…) permita a las personas hacer uso efectivo” del derecho de rectificación y respuesta, que ya está contemplado en la Constitución salvadoreña.
