Washington, 9 may.- Las políticas “santuario” que se practican en numerosas jurisdicciones del país evitan que la Administración del presidente Donald Trump registre niveles máximos en deportaciones, según un estudio publicado por el Migration Policy Institute (MPI).
El centro de estudios determinó que este tipo de políticas locales, que tiene como objetivo proteger a los inmigrantes de la deportación al dejar de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), está jugando un papel significativo para frenar el número de deportaciones y arrestos.
“Existe un fuerte movimiento en la dirección contraria que hace muy difícil que Trump supere los niveles de deportaciones registrados entre 2008 y 2011, cuando más del 85 % de los arrestos tenía su origen en cárceles locales y estatales”, explicó el director de investigación del MPI, Randy Capps, durante la presentación del informe en Washington.
Las detenciones y las deportaciones durante el año fiscal 2017 se situaron cerca de la mitad de los picos alcanzados en los primeros años del expresidente Barack Obama (2009-2017), que posteriormente determinó que sería prioritario deportar a criminales por encima de las familias.
En una de sus primeras acciones al llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruyó al Gobierno a retirar los fondos federales a las “ciudades santuario” y animó a las autoridades locales a participar en el programa 287 (g), por el cual los agentes revisan la situación migratoria de los detenidos.
Por ejemplo, el cuerpo migratorio ha aumentado las redadas en las que detiene a inmigrantes indocumentados en sus hogares o comunidades, con un total de 40.000 personas detenidas en el año fiscal 2017, según los cálculos del Migration Policy Institute.
Sin embargo, Capps consideró que ICE “sigue dependiendo mucho” del sistema judicial criminal, ya que el 69 % de sus arrestos en el último año se produjeron gracias a la colaboración con las cárceles locales.
Precisamente, el auge de las políticas “santuario”, liderado por el estado de California, reduce considerablemente la cooperación entre las policías locales y las autoridades migratorias.
Uno de los principales argumentos para llevar a cabo este tipo de políticas es que las comunidades están “más seguras” porque las personas indocumentadas no tienen miedo de informar crímenes a la policía local.
En este sentido, el ex jefe adjunto de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), Gary Mead, apuntó que las víctimas o testigos de crímenes que no tienen la documentación en regla “no tienen nada que temer de ICE” porque no tienen que enfrentar un registro de huellas dactilares al hacerlo.
“La idea de no ir a la policía local a informar sobre un crimen por miedo no tiene ninguna base real”, añadió Mead, que fue uno de los expertos invitados por el MPI para comentar los hallazgos del informe.
El jefe de policía del condado de Montgomery (Maryland), Thomas Manger, que no coopera con las autoridades migratorias, señaló que el miedo a acudir a la policía es un problema muy importante dentro de su comunidad, un tercio de la cuál es inmigrante.
“Sólo registramos las huellas dactilares en crímenes serios, no por una multa de coche, pero la realidad es que la gente tiene miedo y por eso no cumplimos con todas las órdenes de detención de ICE”, comentó Manger.
Para combatir las agresivas maniobras de ICE, el MPI destacó en su estudio que además de la efectividad de las políticas “santuario”, han crecido las campañas locales, privadas y por parte de consulados para informar a los indocumentados sobre sus derechos.
“Si un agente de ICE viene a arrestarte a casa sin una orden judicial, tienes derecho a no abrir la puerta. Separar familias es incompatible con los valores estadounidenses”, apuntó al respecto Rafael Laveaga, cónsul de México en Washington D.C, Maryland, Virginia y Virginia Occidental.
