Madrid, 1 dic.- España ha vivido profundos cambios sociales en los cuarenta años transcurridos desde la aprobación de la Constitución, con la aprobación de derechos como el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual, la llegada de inmigrantes y la presencia cada vez mayor de la mujer en todos los ámbitos públicos.
Los españoles de 1978, año en que se aprobó la Carta Magna, vivían en una sociedad donde el llamado nacionalcatolicismo imperante en la dictadura franquista había impuesto rígidas normas de comportamiento.
Sin embargo, con la restauración de la democracia, tras la muerte de Francisco Franco en 1975, llegó una ola de reformas, amparadas por el marco democrático creado por la Constitución.
Desde que en 1981 se aprobó el divorcio, que generó una fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores vinculados a la iglesia católica, se han sucedido las leyes que amparan derechos sociales como la del aborto, la ley de igualdad entre hombres y mujeres o la que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si en 1978 España tenía vigente la llamada ley de peligrosidad social, que perseguía a los homosexuales, en la actualidad, el ministro del Interior, el exjuez Fernando Grande-Marlaska, se declara abiertamente homosexual.
Grande-Marlaska afirma que España es un país “privilegiado” en avances para el colectivo LGTBI, aunque advierte que todavía queda “mucho camino por recorrer”.
En la lucha por los derechos de los homosexuales marcó un hito la aprobación en 2005 de la ley de matrimonio igualitario, que equiparaba en derechos de las parejas del mismo sexo con las heterosexuales y situó a España en la vanguardia en este ámbito.
Pero el cambio social más visible ha sido la presencia de la mujer en la vida pública, tanto en la empresa, como en la educación, la medicina, la judicatura o la política.
Desde las 21 diputadas que formaban parte del Congreso constituyente de 1977 (6 % de la Cámara) se ha pasado a las 138 actuales (40 %), entre ellas la presidenta, Ana Pastor.
“El hecho de que éramos muy pocas significaba que era muy difícil para la mujer llegar a un cargo público, lo cual hoy es bien distinto”, afirmó en una entrevista Soledad Becerril, pionera en la presencia femenina en política.
Becerril, primera ministra de la democracia, a cargo del departamento de Cultura (1981-1982), asegura que ahora no hay discriminación legal en España, pero sí “otras cuestiones que suponen dificultades para las mujeres”, como “hacer compatible la vida familiar con una vida profesional”.
Respecto al gobierno, en los últimos cuarenta años no ha habido presidenta del Ejecutivo, pero sí tres vicepresidentas, tanto en gabinetes del Partido Socialista (PSOE) como del Partido Popular (PP, centroderecha).
En cuanto a la judicatura, la presencia de la mujer ha aumentado considerablemente y en la actualidad, más del 60 % de los jueces menores de 50 años son mujeres.
Sin embargo, sociólogas, juristas y políticas coinciden en que estos cambios han sido “más formales que reales” y creen necesaria un cambio de mentalidad en el conjunto de la sociedad española.
Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo español, considera que las mujeres en España “han cambiado mucho”, pero duda de que los varones lo hayan hecho tanto como ellas.
En este sentido, lo más doloroso son las cifras de violencia de género, con más de 970 víctimas mortales desde 2003, cuando comenzaron a elaborarse estadísticas en este ámbito, pese a que desde 2004 existe una ley para combatirla.
También hay otro cambio en la sociedad española que se aprecia solo con pasear por sus calles: la presencia de inmigrantes de otros países.
Si en los años 60 y 70 España era un país de emigración, con dos millones de personas en el exterior, sobre todo en países europeos como Alemania, Suiza y Francia, en la actualidad residen en el país 4,5 millones de extranjeros, casi un 10 % de la población total.
Precisamente a partir de 1978 se hizo evidente el retorno de los españoles, tanto de los exiliados tras la guerra civil (1936-1939) como de los cientos de miles que salieron por motivos económicos en las décadas posteriores.
Por otra parte, la llegada de emigrantes se disparó en los 90 con el despegue económico en España y llegó a alcanzar su cifra máxima en 2011, con 5,7 millones, aunque la última crisis económica provocó el retorno a sus países de muchos de ellos, así como la salida de miles de jóvenes españoles.
En general, la sociedad española ha admitido bien la convivencia multicultural y no se han producido movimientos xenófobos como en otros países europeos.
Antonia Méndez Ardila
