Solo restan pocas semanas para que el gobierno de Nicolás Maduro concluya su mandato constitucional. EL cual se inició en el año 2013. El próximo 11 de enero de 2019, de no producirse una elección de conformidad con las leyes de la República, estaríamos ante un gobierno, desde el punto de vista formal constitucional, de facto, aunque ya lo sea, de hecho, desde hace unos cuantos años. La parodia de elección convocada el 20 de Mayo próximo pasado por una espuria Asamblea constituyente al servicio de la tiranía chavista.
Y desconocida por la mayoría del pueblo venezolano, en modo alguno significó un proceso electoral ajustado a la Constitución de la República y las leyes venezolanas. Fue un proceso fraudulento que no cumplió con las garantías legales y estándares establecidos para este tipo de elecciones, amén de haber sido extemporáneo. De allí que de ningún modo pueda ser considerado como una reelección; no tiene fundamento constitucional ni legal, como lo ha pretendido el gobierno.
No otro proceder, por supuesto, se podía esperar de un gobierno arbitrario y al margen de la Constitución. La Comunidad Internacional, la mayoría de los países democráticos, desconocieron la legitimidad y legalidad de tal evento y sus resultas. Sin embargo, parte del país pareciera pasar por alto o haber olvidado ese hecho, su gravedad, atareada como está en sobrevivir y resolver, como puede, su situación personal, en medio de una hecatombe económica. El país todo debería estar consciente de la trascendencia política y social del momento que se avecina.
La fecha en cuestión no es un deadline, una suerte de hora cero, ni se trata de anunciar que ese día se vaya Maduro. Lo que si aparece claro, que las fuerzas democráticas deben aprovecharla para profundizar la presión nacional que abra paso a una transición política, a una negociación, antes de que la crisis lleve a quien sabe dónde a los venezolanos. En eso, son seguridad, y acompañará la Comunidad Internacional. No hace falta abundar mucho en las calamidades de la hora presente que se conocen y padecen.
Se esta ante un país que día a día va apagándose. Sus actividades económicas han ido paralizándose. Los servicios públicos de salud, seguridad, electricidad y aguas, entre otros, son un horror. Las empresas del Estado están por el suelo, campeando en ellas la mayor corrupción nunca vista en la historia. El Estado venezolano esta fallido.
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