Managua, 3 dic.- La sanción que Estados Unidos impuso a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, abre la oportunidad para destrabar la crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país, dijo hoy el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
“Hay que aprender a leer los signos de los tiempos, los acontecimientos de la historia a través de los cuales los seres humanos tenemos que ir aprendiendo a rectificar, a reconducir la historia de modo más humano y más justo”, comentó el obispo, al ser consultado por periodistas en Managua.
“Los últimos acontecimientos nos están diciendo que hay que destrabar una situación que se está volviendo un callejón sin salida”, consideró.
A su juicio, en Nicaragua “nos hemos quedado estancado de una situación en la que no se va ni para adelante ni para atrás” y que se está “hundido en el miedo, en el dolor y en la incertidumbre”.
Por tanto, agregó Báez, la sanción a la vicepresidente Murillo es una oportunidad para que el Gobierno de Daniel Ortega busque como “destrabar la situación y generar procesos sobre la democratización del país”.
Estados Unidos impuso sanciones a Murillo, a quien calificó como la “copresidenta de facto” y destacó su “influencia” en grupos que han sido acusados de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril, además de estar involucrada en supuestas prácticas de corrupción.
También sancionó a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de la Presidencia.
Las medidas, impuestas por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier propiedad o intereses en propiedades de Murillo o Moncada que estén en manos o bajo jurisdicción de un estadounidense.
También prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con los sancionados, a quienes se les suspendió la entrada a Estados Unidos.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
