Thais Hernández
Esto solo constituirá de una serie de medidas y políticas que deberán llevarse a cabo en Venezuela en manos del Estado, pero de suma relevancia e importancia. Las razones sobre la necesidad de privatizar empresas en manos del Estado resultan numerosas y los contras parecen meramente oportunistas asomados por grupos de interés. Como lo señala Aristimuño y asociados, toda empresa pública deficitaria podría estar contribuyendo al proceso hiperinflacionario en la medida de su financiamiento este siendo monetizado vía emisión de dinero inorgánico.
Otra idea que se suma a esto es, la constitunyente no sólo evitar fuentes de despilfarro de recursos públicos y de monetización de déficits, sino adicionalmente que por medio de una serie de privatizaciones podría levantarse una serie de ingresos extraordinarios muy necesarios para una gestión deficitaria y cuya capacidad de recaudos fiscal en medio de una recesión ponderando el impacto recesivo de medidas fiscales en este escenario se encuentra comprometida.
Existen otras razones igual de importantes como la provisión de bienes privados de consumo privado no constituye responsabilidad de Estado alguno. En la misma línea de argumentos, las empresas públicas carecen de mecanismos eficientes de incentivos y de control que eviten problemas de agencia, que en este caso implique lesión al interés público económico en términos del costo de oportunidad de los recursos públicos. Este eventual proceso de ordenamiento del Estado, no tiene por qué constituir una labor fácil.
Debido a que parte de la hipertrofia del Estado hacia actividades no propias, como las de producción y empresariales, pudo haber formado parte de una estrategia para ganar poder en la economía y sobre un buen número de trabajadores. Tal estatización de numerosas empresas pudo formar parte de una estrategia que busca complicar revertir la actual gestión de gobierno. Indudablemente se requiere una política de privatización no solo sobre empresas que resulten ineficientes como lo asoma Aristimuño y asociados.
Lo expuesto anterior porque ni en el caso de bienes públicos resulta automático pensar que debe ser el Estado quien lo produzca o posea la propiedad de la empresa. En el caso de bienes públicos, reconociendo los bajos incentivos privados para proveer bienes públicos, pueden diseñarse esquemas de procura para garantizar su provisión eficiente. Para el caso de las privatizaciones habrá que diseñar cuidadosamente esquemas de subastas y licitaciones que garanticen el mayor valor por los activos en manos del Estado.
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