Managua, 4 dic.- Un periodista deportivo crítico del Gobierno de Nicaragua fue asaltado por cinco desconocidos al salir de su casa en Managua, quienes robaron su automóvil, documentos y teléfonos celulares, informó hoy la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN).
El periodista Miguel Mendoza y su esposa, Margin Pozo, fueron expulsados de su vehículo cuando salían de su casa la mañana de este martes, lo que fue interpretado por la APN como “un ataque del régimen de Daniel Ortega”, el presidente de Nicaragua.
En agosto pasado, Mendoza fue expulsado del Estadio Nacional Dennis Martínez, por reclamar públicamente que dicho edificio supuestamente fue utilizado como base de los paramilitares que asesinaron a decenas de jóvenes manifestantes entre abril y julio.
Los incidentes que involucran al periodista se dan en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el estallido social de abril pasado, cuando diversos sectores sociales del país centroamericano iniciaron una serie de protestas contra Ortega, al que reclaman “justicia y democracia”.
Hasta inicios de noviembre pasado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro registró al menos 420 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo la muerte del periodista Ángel Gahona.
La crisis ha dejado de 325 a 545 muertos, más de 610 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles exiliados, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que clasifica como “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega no reconoce responsabilidad y afirma que ha vencido un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social el 18 de abril pasado, y se convirtieron en una exigencia de renuncia tras el saldo mortal en las manifestaciones.
