Managua, 25 nov.- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, de Nicaragua, negó una supuesta conspiración terrorista, argumento de la Policía Nacional para impedir una marcha en honor al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en defensa de los “presos políticos”, mañana domingo.
“Es absolutamente falso que la marcha tuviera como propósito promover ‘actos vandálicos y de terrorismo’ para afectar a las familias nicaragüenses en las merecidas celebraciones de las Purísima, Navidad y fin de año”, informó la Unidad, en un comunicado.
La declaración de la Unidad respondió así al argumento de la Policía nicaragüense, de negar permiso para marchar porque en el grupo de personas que solicitaron el permiso se identificaron “a quienes realizan prácticas vandálicas en centros comerciales, con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas”.
Por la Unidad Nacional solicitaron el permiso el director ejecutivo de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro; el comentarista de televisión Jaime Arellano; la feminista Eveling Flores; y el empresario José Dolores Blandino.
Blandino, quien en octubre pasado fue arrestado por intentar participar en una protesta contra el Gobierno, es padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
En el comunicado, la Unidad señala cada uno de los artículos de ley que permiten a los ciudadanos manifestarse, incluso sin necesidad de permiso de las autoridades.
“Somos manifestantes pacíficos, yo no soy político, sólo ando con mis oraciones (_) a mí parecer (la negativa policial) viola los derechos humanos”, dijo Blandino, quien leyó el comunicado ante periodistas.
“En vista de la resolución que arbitrariamente ha tomado la Policía, de no autorizar la marcha convocada por esta unidad (_) hemos decidido postergar la convocatoria, a fin de salvaguardar la seguridad de las miles de personas que estaban dispuestas a concurrir”, concluyó la Unidad”.
Según organismos defensores de los derechos humanos, la prohibición de manifestaciones no oficialistas van en contra de la Constitución de Nicaragua, que atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde el estallido social del 18 de abril pasado.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Organizaciones locales elevan la cifra de muertos hasta en 545, de los que el Gobierno reconoce 199.
Ortega ha negado los señalamientos y sostiene que superó un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
