Lima, 11 oct.- Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, quedó detenida por presuntamente haber financiado irregularmente su campaña de las elecciones presidenciales de 2011 con al menos un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
La detención de la líder del partido Fuerza Popular y principal opositora al Gobierno del presidente Martín Vizcarra tomó por sorpresa al país entero, ya que las investigaciones por el presunto delito lavado de activos llevaban meses abiertas en la Fiscalía.
Tampoco parecía esperarlo la misma Keiko, quien hoy acudió junto a su marido Mark Vito a la sede de la Fiscalía por una citación para declarar sin saber que el fiscal contra el lavado de activos, José Domingo Pérez, el mismo que el año pasado allanó la sede de Fuerza Popular, la esperaba con una orden detención por diez días.
Esa orden fue cursada a pedido del fiscal por el juez de Investigación de Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, para Fujimori y otras diecinueve personas, entre ellas los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y allegados al congresista fujimorista Rolando Reátegui.
En la orden judicial, de 184 páginas, el magistrado argumentó su decisión que existen “fundados elementos de convicción” del delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación fiscal.
Asimismo, afirmó que Keiko constituyó presuntamente “una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”, que “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.
La investigación se centra en los cócteles organizados por Fuerza Popular para recaudar fondos para la campaña de 2011, galas en las que el partido político aseguró haber recaudado más de 2,1 millones de soles (unos 630.000 dólares).
Sin embargo, la Fiscalía no pudo hallar a las personas que participaron en estos actos, por lo que sospecha que esos cocteles nunca pudieron acumular dicha cantidad en donaciones e infiere que 500.000 dólares son parte del millón que Odebrecht afirmó haber entregado a Fuerza Popular para su campaña.
En una de las tensas esperas de los trámites posteriores de su detención, Keiko publicó en redes sociales una carta escrita de su puño y letra en la que se declaró víctima de una persecución política y anticipó que saldrá “más fortalecida de esta injusticia”.
Fujimori sostuvo que “la persecución se ha disfrazado de justicia” en Perú y que desde hace 18 años es perseguida y “nunca han mostrado una prueba” en su contra.
“Y así, sin pruebas en mi contra, estoy privada de mi libertad, con la frente en alto y el espíritu intacto”, remarcó.
Su abogada, Giuliana Loza, comentó a periodistas que la líder de Fuerza Popular “está tranquila, muy firme y decidida a seguir batallando en esto”.
La letrada explicó que han apelado la orden de detención por considerarla “totalmente arbitraria” y no encontrar prueba o sustento alguno para afirmar que existe peligro de fuga.
Con esta detención, Keiko Fujimori termina en el calabozo una de las semanas más duras de su vida, pues en apenas siete días la Justicia peruana anuló el indulto que su padre gozaba sobre una condena por delitos de lesa humanidad y Fuerza Popular resultó el gran perdedor de las elecciones regionales y municipales.
Su hermano menor, el suspendido congresista Kenji Fujimori, con quien está enemistada, lamentó su detención y lo calificó como “otro momento duro y triste” para la familia Fujimori tras conocer la pasada semana que el patriarca deberá volver a prisión una vez que reciba el alta médica de la clínica donde está internado.
Asimismo, Fuerza Popular calificó en un comunicado la detención de su líder como un “atentado contra la democracia y la institucionalidad”.
Por una investigación similar, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fundadores del Partido Nacionalista Peruano, pasaron nueve meses en prisión preventiva hasta que una sentencia del Tribunal Constitucional ordenó liberarlos por considerarla una medida excesiva.
En esa ocasión, Keiko Fujimori calificó el encarcelamiento de Humala y Heredia como una muestra de la independencia de la Justicia peruana.
