Washington, 19 jul.- La OEA pidió al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que “apoye un calendario electoral” acordado en el diálogo nacional, mediado por la Iglesia Católica, en una fórmula que busca elecciones anticipadas como vía para salir de la crisis que ha dejado más de 350 muertos en tres meses.
La solicitud sobre los comicios fue incluida en una resolución aprobada hoy en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
El texto, impulsado por siete países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y EE.UU.) y respaldado por México, “exhorta” al Ejecutivo nicaragüense a que “apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional”.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo de dicho diálogo, solicitó el 7 de junio a Ortega que adelantara los comicios al 31 de marzo de 2019; pero, el pasado 7 de julio, Ortega lo rechazó, al considerar que ya habría “tiempo para las elecciones tal y como lo manda la ley”.
La resolución fue aprobada con el voto a favor de 21 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que tres (Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas) votaron en contra y se registraron siete abstenciones, así como tres ausentes, entre ellos Bolivia.
La iniciativa no señala a Ortega por la violencia, pero urge a su Gobierno a que participe “activamente y de buena fe” en el diálogo nacional, en el que participan las autoridades y la opositora Alianza Cívica, que aglutina al sector privado y la sociedad civil.
En la resolución, la OEA expresó su condena al “hostigamiento” a los obispos que participan en el diálogo, así como a los “actos de violencia” contra unas oficinas de Caritas que fueron incendiadas y contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), que se convirtió en centro de las protestas.
Las hostilidades se han incrementado en los últimos días con ataques como el de la UNAM y el ocurrido ayer contra la ciudad de Masaya, lo que ha provocado la condena de países como Estados Unidos y organismos, como la Unión Europea (UE).
Ante esas críticas, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, llevó al Consejo Permanente su propia resolución, en la que se reclamaba a la comunidad internacional respeto a su “autodeterminación” y se culpaba a “grupos internacionales terroristas” de instigar la violencia.
Esa iniciativa de Nicaragua fracasó con el voto en contra de 20 Estados, ocho abstenciones, tres ausentes y el apoyo de solo tres países (Venezuela y San Vicente y las Granadinas).
Las votaciones evidenciaron la soledad de Nicaragua en la OEA, que solo logró el respaldo de San Vicente y las Granadinas, Venezuela y Bolivia, cuya misión había propuesto unas enmiendas para modificar la resolución aprobada, pero decidió salir abruptamente de la sala por desacuerdos en el procedimiento.
Durante la sesión, Moncada apuntó a Washington como responsable de la “injerencia” que, a su juicio, ocurre en Nicaragua.
Advirtió de que se está volviendo a una “época de golpes blandos y golpes duros”, como los que supuestamente EE.UU. orquestó en América Latina durante el siglo pasado y, entre los que, el canciller mencionó la financiación de Washington de la “contra” nicaragüense frente el Ejecutivo sandinista en los años 80 y 90.
Por su parte, el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, reiteró su llamamiento para que se celebren “elecciones, libres, justas y transparentes” en Nicaragua.
Mientras se celebraba la sesión, Trujillo afirmó en Twitter que el Gobierno de Ortega está cometiendo un “genocidio contra su propia gente” y le instó a detener sus acciones.
Hoy se cumplen tres meses del inicio de las protestas, que comenzaron el 18 de abril contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, un movimiento que comenzó por unas fallidas reformas de la seguridad social y que se ha convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder.
