Washington, 4 oct.- Un juez federal estadounidense bloquea la suspensión ordenada por el Gobierno de Donald Trump de los programas migratorios Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán, de los que se benefician más de 300.000 personas.
La decisión entró en vigor “de inmediato”, ya que la terminación de los programas, prevista para los próximos meses, supondría, según el magistrado, Edward Chen, con tribunal en San Francisco (California), un “daño irreparable” para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar Estados Unidos.
El Gobierno de Trump había ordenado a los beneficiarios del TPS -unos 263.000 salvadoreños, 86.000 hondureños, 58.000 haitianos, 5.300 nicaragüenses y un millar de sudaneses- que preparasen “su salida” de Estados Unidos o buscasen una alternativa migratoria legal.
A los países receptores, les sugirió que preparasen el “regreso y reintegración de sus ciudadanos”.
La terminación del TPS para Nicaragua estaba prevista para enero de 2019, para Haití en julio de 2019, para El Salvador en septiembre y para Honduras en enero de 2020. En el caso de los sudaneses, su TPS terminaba en un mes, el próximo noviembre.
La decisión del juez implica que los inmigrantes pueden seguir bajo el estatus TPS más allá de las fechas fijadas por Trump.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por períodos de 18 meses, pero el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.
En el caso de El Salvador, Estados Unidos concedió el TPS en 2001 a raíz de una serie de terremotos, mientras que a Honduras y Nicaragua en 1998 fue tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.
Haití se beneficiaba del TPS desde 2010 por el catastrófico terremoto que dejó unos 300.000 muertos y sumió al país en el caos, mientras que a Sudán se le otorgó en 2014 a raíz del conflicto de Sudán del Sur.
En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que el fallo judicial “usurpa el papel del poder Ejecutivo” y anunció que “seguirá luchando” por el cumplimiento de las leyes de inmigración y por la seguridad nacional.
