Toda nación tiene en sus procesos políticos un lado opositor para que básicamente controle o critique lo que está realizando el gobierno de turno. Considerando lo anterior, en muchas ocasiones los ciudadanos venezolanos han preguntado, dónde está la oposición seria del país.
En referencia a ello, les queremos compartir un escrito que hace unos días círculo en el país latinoamericano donde se resaltó la  opinión del analista opositor Leopoldo Puchi, sobre como se mueven las posiciones internacionales hacia Venezuela.
Por más que el gobierno de Nicolás Maduro diga que todo está bien, lo cierto es que Venezuela atraviesa por serios problemas internos, en especial los de índole económica y social y cuyo resultado es el descenso de la producción nacional, hiperinflación y empobrecimiento de las condiciones de vida de la población.
A lo anterior falta añadir la alta conflictividad política y el deterioro del marco institucional y legal en el territorio venezolano. En consecuencia, se puede resumir que la situación de Venezuela se encuentra ahora en el fondo de un huracán de tensiones con influencia externa, en el que participan gobiernos de diferentes países y ante lo cual la respuesta del gobierno es separarse de varios dispositivos geopoliticos.
Sin embargo, expertos han indicado que algunos sectores de los centros de poder occidental consideran que pudiera aceptarse esa decisión de Venezuela o que, en todo caso, se tendrían que encontrar fórmulas de convivencia a pesar de la decisión tomada.
Mientras que otros factores estiman que hay que reinsertar al país en su órbita tradicional por cualquier medio. A los unos se les ha denominado “diplomáticos” y a los otros “militaristas”.
Para aclarar las expresiones indicadas anteriormente se puede compartir que, quienes han recurrido a la Corte Penal Internacional (CPI) para obtener una decisión que implique una condena hacen parte de las corrientes llamadas “militaristas”, partidarias de acciones de fuerza para alcanzar el objetivo propuesto, puesto que una sentencia condenatoria solo pudiera ejecutarse si se recurre al uso de la violencia física.
Se degradaría así la CPI a un rol de validación de una intervención extranjera. En la misma línea de las corrientes “militaristas” se inscribe lo planteado por William Brownfield, quien ha sugerido la opción de precipitar al país en un colapso absoluto “aunque ello produzca un periodo de sufrimiento”.
Pero como no todo es perfecto, existe un efecto negativo de esta visión y es que induce a la oposición a la espera de una intervención, que se considera vendría inevitablemente por el colapso o vía decisión de la CPI.
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